La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes en general el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, iniciativa impulsada por el Gobierno para reforzar la seguridad y el orden en los establecimientos educacionales.
La propuesta fue respaldada por 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, siendo despachada al Senado para continuar su tramitación en segundo trámite constitucional.
Entre quienes votaron mayoritariamente en contra estuvieron las bancadas del Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido de la Gente, aunque el diputado Javier Olivares se desmarcó de su bancada y apoyó la iniciativa.
El proyecto mantiene las principales disposiciones aprobadas previamente por la Comisión de Educación. Entre ellas, la posibilidad de revisar mochilas al interior de los establecimientos, mayores facultades para que los docentes apliquen medidas pedagógicas, correctivas y disciplinarias, además de sanciones frente a interrupciones de clases.
Asimismo, obliga a los reglamentos internos de los establecimientos a prohibir el uso de elementos que dificulten la identificación de los estudiantes, como capuchas, gorros o pasamontañas.
Uno de los puntos más controvertidos fue la aprobación de una norma que establece como requisito para acceder a la gratuidad en la educación superior no haber sido condenado por delitos que afecten la vida, la integridad física o psíquica de las personas, ni la propiedad o infraestructura pública.
Tras la votación, la ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró el avance del proyecto. “Agradezco a los diputados por su rápida tramitación del proyecto ante la urgencia de la inseguridad en las escuelas. Este avance no es motivo de celebración, pero es necesario para responder a la demanda ciudadana”, señaló.
La secretaria de Estado agregó que la iniciativa permitirá a los establecimientos implementar medidas preventivas “sin caer en la sobrerregulación” y sostuvo que será complementada con otras políticas orientadas a la reinserción de estudiantes.
Desde el oficialismo, el diputado UDI y presidente de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla, defendió el contenido del proyecto. “Este proyecto centra la mirada en la inmensa mayoría de los estudiantes que quieren estudiar, y no en aquellos que quieren destruir”, afirmó.
El parlamentario sostuvo además que la amplia votación obtenida en la Sala demuestra que existe consenso respecto de la necesidad de entregar herramientas para enfrentar la violencia en colegios y universidades.
Sin embargo, desde la oposición surgieron fuertes cuestionamientos.
La diputada comunista Daniela Serrano aseguró que el proyecto presenta “vicios de constitucionalidad” y criticó que la discusión se haya realizado de forma acelerada.
“Estamos hablando de niños y niñas, de revisar su vestimenta y sus mochilas. Este proyecto tiene vicios de constitucionalidad”, sostuvo.
En la misma línea, la diputada del Frente Amplio Emilia Schneider acusó falta de diálogo durante la tramitación.
“Sin evidencia técnica, sin experiencia comparada y sin diálogo, no vamos a resolver los problemas de la escuela”, afirmó.
Durante la discusión también se aprobó una indicación impulsada por la oposición para resguardar a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.
La norma establece que, en esos casos, las revisiones deberán realizarse con el acompañamiento de un profesional del equipo de convivencia escolar o del Programa de Integración Escolar, con el objetivo de evitar que la medida sea percibida como una persecución basada en su condición.
