El Ministerio de Vivienda y Urbanismo anunció la Agenda de Modernización, Probidad y Transparencia, que contempla un conjunto de medidas para el mejoramiento de la gestión del programa de Asentamientos Precarios y su relación con las instituciones sin fines de lucro.
Al respecto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, detalló que la presentación de estas medidas obedecen a una respuesta “a la inquietud ciudadana por el denominado caso Convenios, mirándolo desde la gestión, de la modernización de aspectos centrales del ministerio, como es este nuevo sistema para los asentamientos precarios”.
“Nosotros enfrentamos, de frente y sin miedo, una problemática compleja de irregularidades, de desórdenes, de corrupción, que se inició en la Seremi de Antofagasta. Hemos sido implacables, buscando sanciones ejemplificadoras en este caso, hemos señalado que el sistema es malo y, por ese motivo, hoy anunciamos cómo lo vamos a cambiar”, añadió.
Agenda de Modernización, Probidad y Transparencia del Minvu
Por su parte, la subsecretaria del Minvu, Gabriela Elgueta, presentó el conjunto de medidas que fueron levantadas a partir de los hallazgos del equipo ministerial que investigó los convenios con fundaciones en las 16 regiones del país, detallando que con esto se busca “mejorar la gestión de los programas y las transferencias de recursos que hace el ministerio” en el marco del Programa de Asentamientos Precarios.
La Agenda de Modernización, Probidad y Transparencia está fundada en tres pilares: Rediseño del Programa de Asentamientos Precarios; Sistema de Integridad, Transparencia y Seguridad de la Información del Minvu; y Fortalecimiento Institucional de la cartera.
Dentro de las medidas impulsadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está la creación de un registro de fundaciones, en el que cada organización sin fines de lucro deberá estar inscrita para participar de las convocatorias del Minvu desde el 2024, permitiendo regular su labor, sancionarlas, poner fin a los contratos o cobrar las boletas de garantías, las cuales serán obligatorias.
Asimismo, se destaca la actualización y estandarización de los convenios de transferencias de recursos que se suscriban con entidades públicas o privadas sin fines de lucro, debiendo estas entregar planes de trabajo, cronogramas, garantías, informes técnicos y financieros. Junto a ello, se exigirá antigüedad y experiencia comprobable en el rubro o campo de intervención de que trate la convocatoria.
A su vez, el Ministerio de Vivienda establecerá un modelo de evaluación para las organizaciones, tanto públicas como privadas, que participen en la implementación de los programas. Esta evaluación se realizará de manera constante y estará basada en los resultados obtenidos y el desempeño de las entidades receptoras de recursos y serán un factor importante a considerar, en futuros procesos de selección y adjudicación de recursos.