El delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, adelantó en conversación con Radio Paulina que la Delegación y la Subsecretaría del Interior están preparando las resoluciones con las sanciones administrativas por el caso Cajas de Alimentos.
Quinteros señaló que ya se encuentran en poder del Ministerio del Interior las sugerencias emitidas por la Contraloría General de la República (CGR) con las sanciones aplicables a los funcionarios involucrados, que van desde el exintendente y exdelegado de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, hasta jefaturas de rango alto y medio que se desempeñan o desempeñaban en la actual Delegación Presidencial.
El delegado Quinteros sostuvo que las sanciones propuestas por la Contraloría irán desde la censura hasta la suspensión del cargo y la disminución de la remuneración hasta en un 50%.
El Caso Cajas de Alimentos estalló luego de un reportaje publicado por Radio Paulina en junio de 2020, que reveló que dos productoras de espectáculos, giro no asociado a la tarea de distribución de cajas, habían conseguido la millonaria licitación por la distribución de cajas del programa Alimentos para Chile, junto a una particular sin experiencia en el rubro.
Cabe recordar que el pasado 15 de marzo la Contraloría de Tarapacá, Sandra Estay, aprobó los cargos propuestos por la fiscal instructora del sumario, los que, en la práctica, sólo generarán efectos en las personas que siguen ejerciendo una función pública, es decir, el abogado Sergio Tunesi Muñoz, encargado jurídico de la exintendencia y de la actual Delegación Presidencial de Tarapacá, y el hasta entonces también funcionario de la delegación, el abogado Jaime Cejas Guicharrouse. No obstante, la Contraloría no formuló cargos al exjefe de Finanzas y Administración de la ex Intendencia de Tarapacá, Jhonny Muñoz.
En el caso del exintendente Quezada y de su exjefa de gabinete, la Contraloría había sugerido la suspensión de dos meses y 30 días, respectivamente, más la suspensión de un 50% de sus remuneraciones. Sin embargo, la sanción llegó dos años después de que estas dos personas, las principales responsables políticas, ya habían salido de sus cargos.
Actualmente, el Caso Cajas aún tiene abierta la arista penal, donde la Fiscalía de Tarapacá mantiene formalizados al exintendente Miguel Ángel Quezada, a su ex jefa de gabinete, Lilian Plaza, y a los propietarios de las productoras, entre otros, por el delito de fraude al fisco. De acuerdo a lo indicado por el delegado Quinteros, el caso tiene plazo de investigación hasta diciembre de este año.