Para tres semanas está planificado el juicio oral que comenzó hoy contra dos hombres y una mujer -todos de nacionalidad venezolana- acusados por la Unidad de Focos Investigativos de la Fiscalía de Tarapacá como autores del secuestro y homicidio de un comerciante iquiqueño, de 67 años de edad, ocurrido en enero del año pasado.
De acuerdo a la acusación del fiscal de foco, Oscar Sáez, durante parte del año 2021 la víctima N.A.M.P. mantuvo como trabajadora a la acusada M.M.C. en el local comercial que tenía en una feria de Alto Hospicio, luego de lo cual mantuvieron una relación de confianza que permitió a la acusada conocer la situación económica de la víctima y de su familia.
El día 6 de enero del año 2022, aproximadamente a las 10:00 hrs, la víctima salió desde su domicilio ubicado en el sector céntrico de Iquique, a bordo de su vehículo particular con destino a la comuna de Alto Hospicio, informando a su familia que concurriría a realizar trámites notariales. Sin embargo, en realidad se dirigió al sector de la toma La Mula, en donde vivía la acusada M.M.C. Allí sujetos desconocidos, y luego los acusados de iniciales A.A.P. y K.R.N., retuvieron a la víctima contra su voluntad, manteniéndola amarrada y con los ojos vendados.
Ahí le tomaron fotografías y grabaron audios con el objeto de exigir un rescate a la familia, indicándole al hijo de la víctima que no debía concurrir a la policía por su liberación.
Posteriormente, durante la noche del 6 y madrugada del 7 de enero, los acusados junto a los sujetos desconocidos golpearon, torturaron y asesinaron a la víctima, propinándole heridas con elementos cortantes, punzantes y contundentes en diversas partes de su cuerpo, trasladándolo hasta una vivienda ubicada en las cercanías del lugar, donde finalmente enterraron su cuerpo sin vida.
Luego de dar muerte a la víctima y teniendo en su poder registros de fotografías y audios obtenidos de la víctima durante su cautiverio, el grupo continuó con la extorsión, enviando las imágenes, audios y videos de la víctima cautiva al hijo, exigiéndole la entrega de $50.000.000. Como el hijo de la víctima no pudo reunir ese dinero, llegó a un acuerdo con los captores de pagar $11.000.000 en efectivo.
Una vez reunido el dinero, el hijo de la víctima recibió diversas instrucciones en cuanto a la entrega de este, y en la mañana del 8 de enero se trasladó hasta Colchane, seguido por funcionarios de la Policía de Investigaciones, pero una vez en Colchane, el grupo le exigió que para liberar a su padre y efectuar el pago, debía pasar en forma ilegal a territorio boliviano, lo que finalmente no se concretó.
En estas circunstancias, el acusado K.R.N. concurrió hasta el domicilio ubicado al interior de la toma La Mula, donde había sido enterrado el cuerpo de la víctima, y comenzó a desenterrarlo para luego trasladarlo hasta un sitio eriazo en la misma toma, con el objeto de ocultar el cuerpo del delito y que no sea descubierto por los funcionarios policiales que ya realizaban diligencias en el sector.
Posteriormente, funcionarios policiales encontraron la vivienda donde la víctima se mantuvo cautiva, encontrando la habitación y la cama desde donde se habrían tomado las fotografías enviadas a su hijo, además de un cuchillo con rastros de sangre de la víctima.
Luego, en horas de la tarde, funcionarios de la PDI encontraron el cuerpo de la víctima en un sitio eriazo al interior de la toma La Mula, el que se mantenía envuelto en una sábana, amarrado de pies y manos, con su vestimenta completa y múltiples lesiones que le ocasionaron la muerte.
En el juicio, el fiscal Sáez presentará los testimonios de la familia de la víctima, de testigos reservados y de los funcionarios policiales que realizaron las diligencias investigativas, además de peritos y prueba documental.
La fiscalía está solicitando que se condene a los tres acusados a la pena de presidio perpetuo calificado, dada la gravedad de los hechos.