A cuatro años del estallido social, la fiscalía informó que 14 personas fueron condenadas por delitos cometidos en los ataques a estaciones del Metro. De ellos, 12 fueron sentenciados por incendio y daños, y solo dos por robar en las instalaciones del tren subterráneo mientras ocurrían los siniestros. Así lo establece un reporte elaborado por el Ministerio Público en respuesta a una consulta de Ciper Chile.
Según consigna el medio de investigación periodística, las investigaciones y las causas por los siniestros en el tren subterráneo cerraron sin antecedentes sobre grupos que se hayan coordinado para ejecutar esos ataques. Esto indica que no se detectaron antecedentes sobre entidades o personas organizadas para generar los incendios.
Respecto de casos originados por denuncias de violaciones de derechos humanos, la fiscalía informó que ya han sido condenados 48 uniformados por haber cometido u ocultado actos de “violencia institucional”. De ellos, 45 son miembros de Carabineros y tres del Ejército.
En el caso de civiles formalizados, imputados o condenados, la información sistematizada por la Fiscalía sólo refiere a los ataques registrados contra las estaciones del tren subterráneo.
Además, destaca que todas las causas por incendios en el Metro ya están cerradas. Además, el Ministerio Público tomó la decisión de no perseverar en la gran mayoría de estos casos.
Condenas para uniformados
Un reportaje de Ciper realizado en base a la información entregada por la fiscalía, consolidada hasta fines de julio, detalla que 45 funcionarios de Carabineros y tres militares condenados recibieron sentencias por distintos crímenes y delitos, entre los cuales se destacan apremios ilegítimos (26 condenas), torturas (7), homicidios (4) y falsificación o uso malicioso de documentos públicos (5), entre otros.
En paralelo, otros 157 integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden permanecían formalizados hasta esa fecha. De ellos, 148 pertenecen a Carabineros, siete al Ejército y dos a la Policía de Investigaciones.
En términos agregados, de las 8.508 causas iniciadas por algún tipo de crimen o delito institucional durante el estallido social, sólo 31 derivaron en sentencias condenatorias. La gran mayoría de ellas fueron agrupadas (2.246) o archivadas de manera provisional (3.729). Asimismo, en 809 ocasiones se optó por no perseverar en la investigación.
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