Para el viernes 5 de enero, a las 16:00 horas, en el salón de reuniones de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, se fijó la primera reunión informativa para los familiares de personas que se encuentra privadas de libertad, con el objetivo de entregar información sobre la consulta indígena.
La actividad corresponde a la labor que desarrolla el Ministerio de Justicia para dar a conocer las modificaciones que propone el reglamento de establecimientos penales que se encuentra en el Decreto N° 518 de 1998, dando de esa manera el cumplimiento al convenio 169 de la OIT.
El seremi de Justicia, Pablo Valenzuela, señaló que la consulta se aplicará a toda aquella población indígena reconocida por la ley 19.253, es decir aymara, quechua, licanantai, colla, diaguita, rapa nui, mapuche, kawésqar y yagan, que estando privadas de libertad deseen participar voluntariamente del proceso, ya sean comunidades, organizaciones, representantes u otros organismos de la sociedad civil.
La autoridad agregó que la consulta indígena es un derecho expresado en un proceso de diálogo y participación entre el Gobierno y los pueblos indígenas y es un deber de los órganos de la administración del Estado y un derecho de los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente por la adopción de medidas legislativas o administrativas, que se materializan a través de un procedimiento apropiado y de buena fe, con la finalidad de llegar a acuerdo o lograr el consentimiento a cerca de las medidas susceptibles de afectarlos directamente.
Esa iniciativa asume que el adecuado ejercicio de las tradiciones culturales favorece una mejor reinserción de las personas privadas de libertad.
Además, se harán llegar oportunamente las invitaciones a las personas y organizaciones que pertenecen a las respectivas etnias, que son reconocidas en nuestro país, para que concurran a dicho encuentro.