El decreto de necesidad y urgencia (DNU) que emitió el presidente de Argentina, Javier Milei, el 21 de diciembre, incluyó la derogación de la llamada Ley de Tierras, que bajo el argumento de la soberanía nacional establecía un límite a la compra y posesión de tierra por extranjeros. Esto ocurre mientras continúan las presentaciones judiciales contra ese megadecreto, una de las cuales logró frenar con un amparo el capítulo referido a las reformas laborales.
La Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales fue promulgada en diciembre de 2011 a instancias de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Establecía que los extranjeros no podían tener más del 15% de las tierras del país, de una provincia o de un municipio. Pero, además, como Argentina es un país agroexportador, con la soja como principal cultivo y exportación de las últimas décadas, les prohibía poseer más de mil hectáreas de las tierras más productivas y fértiles de la nación, las de la llamada zona núcleo (norte de la provincia de Buenos Aires, y el sur de las provincias de Santa Fe y Córdoba) o sus equivalencias en el resto de las provincias.
Un punto clave de la ley está en el artículo 10, que prohíbe a los extranjeros la “titularidad o posesión” de inmuebles “que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes” o “ubicados en zonas de seguridad de frontera”. Ahora, con su derogación, ciertos recursos naturales, como nacientes de ríos o lagos, o zonas consideradas sensibles, pueden ser vendidas a personas o capitales extranjeros sin mayores restricciones.
Sin embargo, en los hechos, estas situaciones se han dado, incluso cuando la ley estaba vigente. El caso más sonado, aunque no el único, es el del empresario británico Joe Lewis, dueño del club Tottenham de la Premier League británica. Según un informe de la Universidad de Río Negro y la Legislatura provincial tiene más de 11.000 hectáreas en esa provincia de la Patagonia, cerca de las ciudades de Bariloche y El Bolsón.
El empresario, además, tiene un largo litigio judicial, acusado de limitar el acceso público al lago Escondido, lindante con sus tierras. En medio de la resonancia pública que adquirió el caso, el entonces presidente Mauricio Macri, rechazó la acusación y salió en defensa de quien calificó como su “amigo”.
“El lago [Escondido] tiene mejor acceso que el que tenía antes de que Joe Lewis compre esa propiedad”, sostuvo Macri en enero de 2017, comentario por el que recibió varias críticas.
¿Cuánta tierra hay en manos de extranjeros?
La ley ahora derogada también había creado el Registro Nacional de Tierras Rurales, que según su última actualización (abril de 2022) establece que ninguna provincia supera el límite del 15% de tenencia de tierras en manos de extranjeros. Salta, según el informe, es la que está más cerca de ese máximo, con 11,56%. Le siguen Misiones (11,07%), San Juan (10,48%), Corrientes (9,87%), Mendoza (9,11%), Catamarca (8,64%) y Santa Cruz (8,11%).
También señala que los estadounidenses son los extranjeros que más tierras tienen en el país: más de 2,7 millones de hectáreas, seguidos por los italianos con poco más de 2 millones y los españoles, con un poco más de 1,8 millones.
Sin embargo, estos datos podrían no estar completos, gracias a la modificación de la ley que hizo Macri por decreto en 2016, que entre otras cosas, eliminó las regulaciones de información que debían presentarse al Registro Nacional y permitió que empresas extranjeras puedan ser consideradas nacionales, de acuerdo con la composición accionaria que presenten.
A favor y en contra
“Lo mejor que puede pasar es el libre mercado y que las cosas vayan sucediendo con total libertad”, opinó el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, en una entrevista con Radio Mitre. “Hay campos acá que aquí valen 8, 10, 15 mil dólares la hectárea y esa misma calidad de campo en Estados Unidos vale el doble o el triple”, añadió.
Por el contrario, otro dirigente rural, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), consideró que “no había necesidad” de derogar la Ley de Tierras porque el 15% de límite está lejos de lo que hay hoy”, declaró a Radio Continental.
“Abrir irrestrictamente la compra de tierras a extranjeros es atentar contra la posibilidad de seguir subsistiendo de muchos argentinos que estuvieron haciendo patria y, en el camino, se fueron fundiendo tras las restricciones y la presión impositiva. En un momento tan difícil como tiene hoy Argentina, abrir irrestrictamente me parece un tanto peligroso”, manifestó.
Por su parte, la diputada peronista por la provincia de Río Negro, Magdalena Odarda presentó un amparo junto con varias organizaciones ambientalistas, indígenas, gremiales y dirigentes políticos contra el artículo 154 del DNU, que deroga esta ley, cuestionando su constitucionalidad y pidiendo su nulidad. Al igual que con otras varias presentaciones contra otros artículos o la totalidad de esta medida dictada por Milei, la decisión está en manos de la justicia.
