La Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, cursó multas sancionatorias el 2023 a personas jurídicas y naturales, principalmente por no contar con el sistema de monitoreo de extracciones efectivas; realizar obras no autorizadas en cauces; extracciones de aguas no autorizadas; extracciones de áridos no autorizadas, y la realización de obras mayores.
Así lo dio a conocer la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien destacó que “el año pasado la Dirección General de Aguas, resolvió un 40% más de fiscalizaciones que el 2022 y aplicó 756 multas por un total de 8 mil 700 millones de pesos, monto que es un 64% más alto que el de 2022”.
Además, la ministra señaló que “el cuidado y protección de los recursos hídricos es una prioridad para nuestro gobierno y es por eso que, desde que asumimos, nos comprometimos con la actividad fiscalizadora y fortalecimos los equipos e invertimos fuertemente en tecnología. Esto hoy tiene resultados: en 2023 logramos aumentar de manera importante los expedientes de fiscalización resueltos y fue el año en el que se aplicaron multas más altas de la historia”.
En el balance, la ministra López detalló que de las fiscalizaciones realizadas, el 37% se iniciaron por denuncias de la ciudadanía, mientras que el 63% se hizo por antecedentes de la propia unidad de fiscalización de la Dirección General de Aguas.
La ministra López destacó que “estos resultados que estamos viendo hoy son fruto de un importante esfuerzo que hicimos como gobierno de potenciar en 28% el personal de la unidad de Fiscalización, y a la fuerte inversión en tecnología con implementos como las técnicas de teledetección, comparación de imágenes satelitales, drones de batimetría, drones con tecnología láser y sistemas topográficos de alto rendimiento, entre otros”.
El director general de la DGA, Rodrigo Sanhueza, detalló que “desde el año 2022, con este programa de fortalecimiento del Departamento de Fiscalización, ha permitido lograr una mayor cobertura en el territorio, aumentar en un 40% nuestras fiscalizaciones y los procesos cerrados durante el año recién pasado. Estamos trabajando para seguir mejorando esto, sabemos que hay mucha necesidad y requerimiento de llegar de manera oportuna”.
La jefa de Fiscalización de la DGA, Carmen Herrera, destacó que “desde nuestra perspectiva, el objetivo no es recaudatorio, sino que el objetivo es que el agua esté en los territorios para que se ocupe de la mejor manera y, por supuesto, para asegurar el derecho humano al agua y generar, obviamente, el soporte tanto ecosistémico como de las actividades económicas que corresponden”.