El ministro de Justicia, Luis Cordero, encabezó en la jornada del martes la primera de dos audiencias del Gobierno ante la comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En la instancia, se destacó el avance que ha tenido el país en la materia durante los últimos diez años, y que considera tres gobiernos a su haber.
Luego de recordar que nuestro país es parte de los nueve Tratados de Derechos Humanos del Sistema Universal y casi la totalidad de los instrumentos del Sistema Regional de Protección, el jefe de la delegación se sometió a una serie de preguntas a cargo de un panel que integran 16 comisionados encargados.
Durante su exposición, el titular de Justicia señaló que el Estado de Chile “se toma en serio las obligaciones internacionales en derechos humanos y no pretende que esta instancia sea un espacio para defensas corporativas (…) sabemos que los desafíos son múltiples y persistentes”.
“En materia de justicia transicional, el Plan Nacional de Búsqueda ya se encuentra en desarrollo tras un inédito proceso de participación y evidencia nuestra voluntad de saldar deudas históricas con las familias de personas que fueron víctimas de desaparición forzada”, agregó.
Entre los temas tratados con el panel se encontraron el proyecto de ley Antiterrorista, discriminación origen étnico en el sistema judicial, detenciones arbitrarias/ pueblo Mapuche, derechos de las mujeres, aborto seguro, legal y eficaz, objeción de conciencia, discriminación mujeres y LGTBIQ+, principio de igualdad, mujeres en el poder, brechas salariales de las mujeres, violencia contra las mujeres y embarazo adolescente, entre otras.
Respecto a los avances y desafíos de los últimos diez años en nuestro país, se destacó la consolidación de la institucionalidad de derechos humanos, cristalizada en la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la creación de la Defensoría de los Derechos de la Niñez y la instalación del Comité de Prevención de la Tortura.
Todo en base a las recomendaciones y obligaciones contraídas con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Este miércoles 6 de marzo la delegación tendrá una nueva audiencia está compuesta por representantes de los tres poderes del Estado, como el ministro de la Corte Suprema, Arturo Prado Puga, y el senador Francisco Chahuán, miembro del Poder Legislativo.
A ellos se suman representantes del Ministerio Público, el Poder Judicial, las policías, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio del Interior, la Defensoría Penal Pública y el Servicio Nacional de Medio Ambiente.
