La Contraloría General de la República (CGR) ordenó un sumario administrativo en Carabineros, tras acreditar anomalías en distintas áreas de la institución, principalmente, en el Departamento de Control de Orden Público (COP).
Según consigna Interferencia, en la auditoría se detalla que el organismo fiscalizador detectó que 43 funcionarios incorporados a distintas comisarías de COP “no contaban con el examen psicológico requerido para el ingreso a dichas unidades”. Además, el informe da cuenta que funcionarios que se encuentran no aptos “siguieron prestando funciones”.
La Contraloría revisó la base de datos policial y pudo establecer que al menos 35 funcionarios no contaban con una resolución que los autoriza o “habilita para el uso de la escopeta antidisturbios carabina lanza gases en situaciones de Control del Orden Público”.
Asimismo, la institución policial mantendría “serios problemas en los registros de imágenes, fundamentalmente con cámaras corporales, entre otras”. Incluso, el organismo fiscalizador acreditó que 754 solicitudes de registros realizadas por la PDI, fiscalía, el INDH, la Cámara de Diputados y acceso por Ley de Transparencia, entre otros, se les comunicó la inexistencia de la evidencia audiovisual, sin justificación
Entre otras observaciones, se pidió que los funcionarios para determinadas labores usen el correo institucional y no el personal, y que existan equipos informáticos para extraer imágenes de cámaras y drones para que sean debidamente guardas y evitar que estas desaparezcan.
De acuerdo al medio citado, desde la institución indicaron que existe un plan de renovación financiado con “recursos extraordinarios” de la Ley de Presupuestos 2023 y aprobado técnicamente.
