La comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados que investiga los actos del Gobierno frente a eventuales deficiencias del Sistema de Inteligencia, así como la vulneración de la integridad territorial por parte del crimen organizado y la protección para personas refugiadas (CEI 50) recibió en la jornada del miércoles al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren.
El canciller señaló que el tráfico de armas, de drogas y la trata de personas son las más graves amenazas que enfrenta la comunidad internacional. Frente a esto, expuso cuáles son las instancias para la prevención del crimen organizado en las que Chile participa. Igualmente, respecto de los países con los que se ha logrado avanzar en cooperación en estas materias.
A nivel internacional, destacó que Chile es parte, entre otros, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. También de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Además, participa en la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC)
Trabajo contra el crimen organizado
El ministro destacó que la participación del país en estas instancias permite recibir apoyo y asesoría en el desarrollo de políticas sobre la materia. Tal es el caso del desarrollo de la ley que mejora la persecución del narcotráfico y crimen organizado (Ley 21.575). Del mismo modo, la que fortalece la persecución de los delitos de delincuencia organizada (Ley 21.577) y la que sistematiza los delitos económicos (Ley 21.595).
Por otro lado, el canciller destacó los avances en las relaciones bilaterales con Perú, Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Brasil. Así como también, a nivel interno, mantienen coordinación constante con la Agencia Nacional de Inteligencia, la Unidad de Análisis Financiero y con el Ministerio Público.
Junto a lo anterior, relevó la perspectiva de género para enfrentar el crimen organizado. Esto, para prevenir y combatir la violencia de género, pues cerca del 55% de las mujeres en prisión por tráfico de drogas son reincidentes. Y, a su vez, son jefas de hogar con más de dos niños, niñas o adolescentes a su cargo.
Caso de Ronald Ojeda
Una de las razones por las que se constituyó esta comisión fue el secuestro con homicidio del teniente (r) Ronald Ojeda. Sobre este punto, el canciller señaló que tomó contacto con su par venezolano, Yván Gil. Explicó que, tras su conversación con la autoridad, ésta se habría comprometido a entregar toda la colaboración y cooperación para esclarecer el asesinato y los responsables.
Frente a ello, el canciller fue consultado por diputados sobre la verdadera voluntad de colaboración desde Venezuela y si no serían mejor decisiones más drásticas. Ante esto, el ministro señaló que existiría una verdadera voluntad de colaboración y que están a la espera del informe del Ministerio Público sobre la calidad de la información compartida hasta el momento.
Además, agregó que existen otras gestiones que se podría realizar, más allá de las diplomáticas. Pero enfatizó en que no quisieran “llegar a una situación de ruptura de relaciones”, pues esto impediría avanzar, por ejemplo, en la repatriación de venezolanos. De igual modo, en la identificación de migrantes.
“Requiere un nivel mínimo de colaboración, nos guste o no nos guste”, enfatizó.
Refugios y expulsiones
En la comisión también se consultó sobre el estado de los vuelos de expulsión y número final de venezolanos expulsados. La respuesta a esta inquietud la entregó el director del Servicio de Migraciones, Luis Thayer.
En su exposición, el personero señaló que, el 3 de mayo, 65 pasajeros venezolanos fueron escoltados por la PDI en un vuelo a Caracas. Así, desde 2018 a la fecha, se han materializado 1.036 procesos de deportación, tanto administrativa como judicial. Agregó que sólo en lo que va de este Gobierno, se han realizado 559 procesos de esta naturaleza.
En cuanto a los refugios, señaló que, desde que se encuentra vigente la ley que los regula, se han otorgado 966. Agregó que el año pasado se entregaron 201, principalmente, a personas de Afganistán y Ucrania.
El director agregó la importancia de mantener relaciones bilaterales con los países de los que provienen la mayor cantidad de personas migrantes. Esto, por la necesidad de obtener información de su identidad, como por los procesos de deportación.
También, señaló que es necesario mejorar la capacidad, tanto del servicio como de las policías para reducir la brecha entre la necesidad de realizar expulsiones del país y la capacidad para materializarlas. Sobre todo, porque el servicio sólo tiene la posibilidad de concretar sólo cerca de dos mil expulsiones anuales.
