El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte decretó arraigo nacional y firma quincenal para la madre del menor de dos años que se extravió y fue encontrado con vida en las cercanías de la localidad de Victoria la semana pasada.
En la audiencia de formalización, el magistrado Víctor Sanhueza Bravo acogió las medidas subsidiarias del Ministerio Público con el allanamiento de la defensa, al considerarlas proporcionales y adecuadas a los fines del procedimiento. Además, fijó en 60 días el plazo de investigación.
Según el ente persecutor, aproximadamente a las 11:00 horas del miércoles 19 de febrero de 2025, la imputada de nacionalidad boliviana, se encontraba realizando labores de pastoreo en un sector ubicado a más de ocho kilómetros de la localidad de Victoria, en Pozo Almonte. En dicho contexto, dejó a la víctima, su hijo de dos años de edad, en un lugar solitario y sin ningún tipo de resguardo.
Tiempo después, al regresar al lugar se percató de que el menor no se encontraba, por lo que comenzó a buscarlo y dio aviso a familiares, quienes se sumaron a la búsqueda al igual que otros residentes del poblado. Cerca de las 18 horas, la imputada alertó a Carabineros de lo sucedido, personal que, junto a Bomberos y con el uso de drones térmicos, iniciaron un operativo de rastreo.
Tras el hallazgo del niño, el Ministerio Público instruyó diversas diligencias investigativas al SEBV de Carabineros y otras instituciones como el Servicio Médico Legal (SML), tales como declaración de testigos, revisión del domicilio en el que vivían e informes médicos, estos últimos que permitieron constatar que el niño presentaba deshidratación leve, además de signos de vulneración de derechos y observación de maltrato, debido al hallazgo de múltiples lesiones antiguas, con una data de 30 a 60 días, coincidente con la fecha en que la que habrían ingresado a Chile el 20 de diciembre de 2024.
La Fiscalía formalizó a la imputada, de nacionalidad boliviana y 21 años de edad, por los delitos de abandono de menores y maltrato. En tanto, el tribunal dio por acreditado el delito y decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal, considerando principalmente que los aspectos interculturales no son superiores al interés superior de un niño.
