La presidenta del Colegio Médico de Chile (Colmed), Anamaría Arriagada, criticó duramente la actual fiscalización que realiza el Ministerio de Salud respecto a la emisión de licencias médicas, acusando que la estrategia no ha frenado a los grandes emisores de permisos y ha afectado injustamente a cientos de médicos en el país.
“La fiscalización draconiana que están haciendo no ha logrado detener a estos grandes emisores. Hace un año eran siete, y hoy son once. Y nosotros nos preguntamos: ¿qué están haciendo para identificarlos? La respuesta de la autoridad es que no han hecho nada”, declaró Arriagada en referencia a los facultativos que emiten más de 5.000 licencias anuales.
La dirigenta aclaró que el verdadero indicador de preocupación debería ser el número de licencias por cotizante, cifra que —tras un alza durante la pandemia— ha mostrado una baja sostenida desde 2023. Además, sostuvo que enfocarse solo en el gasto en licencias distorsiona el análisis, ya que está influido por factores como el alza del sueldo mínimo y mejoras en los ingresos de cotizantes.
Según datos de la Compin, el 80% de los médicos emite menos de 200 licencias al año, y solo un pequeño grupo supera las 1.500, en muchos casos por especialidades como traumatología. Arriagada señaló que emitir más de 5.000 licencias es “claramente fraudulento”, pero que esto no justifica sanciones indiscriminadas.
“Hoy estamos defendiendo a más de 300 médicos por distintos problemas derivados de esta fiscalización, o por querellas de isapres. Muchos se enteran tarde de que están siendo investigados, cuando ya están multados o suspendidos de emitir licencias”, denunció.
También cuestionó las herramientas tecnológicas y los criterios de evaluación. “La plataforma para subir informes no permite corregir errores ni informa adecuadamente si los documentos fueron bien ingresados. Y en muchas regiones, las oficinas de Compin atienden solo dos horas dos días a la semana”, agregó.
Ante este escenario, el Colmed solicitó una moratoria a la fiscalización mientras no existan garantías de un debido proceso. “Pedimos que, si no hay una plataforma y soporte informático adecuados antes de agosto, la fiscalización se detenga temporalmente. No puede continuar un sistema que vulnera el derecho al trabajo y obstaculiza la atención médica”, concluyó Arriagada.
