En medio de la creciente controversia generada por el informe de la Contraloría General de la República, que reveló el uso indebido de licencias médicas por parte de más de 25 mil funcionarios públicos entre 2023 y 2024, el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados han anunciado la apertura de investigaciones internas para detectar posibles irregularidades entre sus propios trabajadores.
Ambas corporaciones legislativas han señalado que seguirán los criterios establecidos en el informe del ente contralor, que identificó viajes al extranjero realizados por funcionarios mientras mantenían licencias médicas vigentes. De confirmarse las infracciones a la normativa, se instruirán sumarios administrativos y podrían adoptarse acciones legales.
El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), fue enfático en su declaración: “Como mesa hemos decidido iniciar una investigación por el tema de las posibles irregularidades que pueden haber en licencias médicas. Vamos a ser implacables y vamos a investigar para que quede claro lo que pasa en el Senado de la República”.
Por su parte, el titular de la Cámara Baja, José Miguel Castro (RN), detalló que ya sostuvieron una reunión con el secretario general de la corporación, Luis Rojas, para avanzar en las acciones correspondientes. “Esperamos no tener casos, y si los tenemos, obviamente, se van a tomar todas las medidas disciplinarias que contempla la ley y que podemos tomar como corporación”, afirmó Castro.
Ambos líderes parlamentarios coincidieron en que se solicitará formalmente a la Policía de Investigaciones (PDI) replicar el cruce de datos utilizado por Contraloría para detectar casos similares entre los funcionarios del Congreso.
Estas medidas en el Poder Legislativo se suman a las ya adoptadas por otras instituciones del Estado. El Poder Judicial y el Ministerio Público también han iniciado procesos de revisión interna. En el caso de la Fiscalía, el fiscal nacional Ángel Valencia ordenó una indagación cuyo alcance aún no se ha detallado, mientras que la Corte Suprema solicitó a la Corporación Administrativa un catastro de los viajes de funcionarios durante los últimos cinco años.
La preocupación transversal por el uso irregular de licencias médicas ha abierto un debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y modernizar los sistemas de control en la administración pública para evitar futuros abusos.
