La Asociación de Funcionarios y Trabajadores Parlamentarios de Chile ha manifestado una profunda preocupación ante el anuncio de fiscalización del uso de licencias médicas en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Esta medida surge a raíz del informe de la Contraloría General de la República (CGR), que reveló que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia entre 2023 y 2024.
La asociación criticó duramente la forma en que esta medida fue comunicada públicamente, sin un diálogo previo con los sindicatos, advirtiendo que podría vulnerar derechos fundamentales de los trabajadores.
Además, cuestionaron la posible colaboración de la Policía de Investigaciones (PDI) en la entrega de datos personales sensibles, como los movimientos físicos de los trabajadores, sin una orden judicial o una protección legal clara.
“La PDI no es un órgano subordinado a esta Corporación, ni está obligada a entregar información sensible a un poder del Estado que no forma parte del Ejecutivo. No existe autorización normativa para solicitar dicha información a un órgano policial”, señalaron.
Si bien la asociación reconoce la necesidad de supervisar y sancionar el uso fraudulento de licencias médicas, advirtieron que los procedimientos deben llevarse a cabo con seriedad, sin fines mediáticos o políticos.
Expresaron su inquietud de que una iniciativa legítima pueda ser utilizada como una “cacería de brujas”, sin el debido respeto a la legalidad y los derechos laborales.
