En su sesión desde la ciudad de Arica, la Comisión de Seguridad Pública del Senado acordó oficiar a la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda y a la Subcomisión de Presupuestos por el recorte presupuestario de un 31,7% para el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado (PNCO) que apunta, entre otros aspectos, a disminuir el déficit tecnológico que combate la criminalidad organizada.
Así lo informó el presidente de la Comisión de Seguridad, el senador José Pilo Durana, quien dijo que el crimen organizado aumentó en un 31,8% en Chile en dos años y que Arica se posiciona como la segunda más afectada por delitos asociados a este flagelo en dicho periodo según el Indicador Nacional de Crimen Organizado 2022-2024 del Centro de Estudios en Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián.
DÉFICIT DE RECURSOS
Otro de los acuerdos adoptados, a solicitud del senador Kenneth Pugh, fue oficiar al ministerio del Interior para que se restituyan los recursos al Ministerio de Defensa que presenta un déficit fundamentalmente en remuneraciones y a los recursos extras que debe recibir, producto de las tareas derivadas de las dos macrozonas (en la frontera norte y en la zona de conflicto mapuche).
Esta situación fue expuesta durante esta semana, ante la segunda Subcomisión Mixta de Presupuestos por los comandantes en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga y de la Armada, almirante, Fernando Cabrera, quienes detallaron el impacto financiero que afecta a sus instituciones de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
Por su parte, el senador Durana dijo que “en el Congreso estamos renovando cada tres meses la medida que permite que las Fuerzas Armadas, de Orden y de Seguridad resguarden las áreas de zonas fronterizas de la macrozona norte y también la Macrozona Sur, por lo que me parece imperativo que el gobierno asigne los recursos a la brevedad”.
Cabe recordar que la Comisión de Seguridad Pública sesionó en Arica para abordar la situación de seguridad fronteriza, analizar la situación de seguridad regional tales como quemas ilegales en Cerro Chuño y el proceso de demolición del sector.
De igual forma, se consideró la situación carcelaria y el crecimiento de la población penal, así como la falta de dotación y de medidas de seguridad en el complejo Penitenciario de Acha.
Los senadores también abordaron la situación de seguridad portuaria y de los precursores químicos y continuar el estudio del proyecto de ley que modifica el Código Penal, en materia de internación al territorio nacional de enfermedades animales o plagas vegetales.
