La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que busca regular la prestación de servicios de cuidado de vehículos y limpieza de parabrisas en la vía pública, estableciendo sanciones para quienes desarrollen estas actividades sin autorización.
La iniciativa fue respaldada por 82 votos a favor, 46 en contra y 17 abstenciones, y corresponde a dos mociones parlamentarias refundidas que fueron analizadas previamente en la Comisión de Seguridad Ciudadana.
El proyecto establece sanciones de presidio menor en su grado mínimo —entre 61 y 540 días— o multas de hasta cinco Unidades Tributarias Mensuales, equivalentes a cerca de 353 mil pesos.
Las penas apuntan a quienes ejerzan de manera reincidente funciones de guía en maniobras de estacionamiento, detención o salida de vehículos motorizados, así como también a quienes realicen limpieza o cuidado de automóviles sin autorización del propietario o administrador del lugar donde se efectúe la actividad.
Durante el debate, parlamentarios impulsores de la iniciativa defendieron la necesidad de recuperar espacios públicos y reforzar la seguridad en las calles, señalando que muchas personas se sienten intimidadas o presionadas a pagar por estos servicios.
Además, argumentaron que mujeres conductoras suelen verse especialmente afectadas por situaciones de hostigamiento asociadas a cuidadores ilegales y limpiaparabrisas.
El diputado Cristián Araya, autor de una de las mociones, explicó que la propuesta busca incorporar las sanciones dentro de la Ley de Tránsito.
En contraste, quienes rechazaron el proyecto sostuvieron que la iniciativa criminaliza la pobreza y castiga a personas que buscan subsistir mediante trabajos informales.
Asimismo, algunos parlamentarios plantearon que el proyecto no contempla políticas públicas complementarias y propusieron crear registros regulados de cuidadores, bajo supervisión de municipios y Carabineros.
Entre los fundamentos de la iniciativa se señala que, en algunos casos, cuidadores ilegales exigen pagos obligatorios, generando situaciones de intimidación y abuso en espacios públicos.
El proyecto volverá ahora a la Comisión de Seguridad Ciudadana para la revisión de indicaciones y la definición final de su articulado.
