La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que busca regular la creación y difusión de contenidos generados con inteligencia artificial, conocidos como deepfakes, con el objetivo de proteger la identidad e integridad de las personas.
La iniciativa fue respaldada por 128 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones, y ahora regresará a la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación para continuar su discusión en particular.
El proyecto define como “representaciones digitales verosímiles pero falsas” aquellos contenidos sintéticos de imagen, audio o video creados o modificados mediante inteligencia artificial u otras tecnologías, capaces de inducir a error respecto de la identidad, acciones o declaraciones de una persona real.
Además, incorpora el concepto de derecho a la integridad digital, que busca proteger a las personas para que su imagen, cuerpo o voz no sean utilizados sin autorización para generar este tipo de contenidos.
La propuesta también establece que no serán considerados deepfakes aquellos contenidos que correspondan a sátiras, parodias, críticas o expresiones artísticas, siempre que sean claramente identificables y no induzcan a engaño ni provoquen daños.
Durante el debate, parlamentarios coincidieron en que el avance de la inteligencia artificial exige una regulación que proteja a las personas frente a la manipulación de imágenes, voces y videos, advirtiendo que estas herramientas pueden afectar la honra, facilitar delitos e incluso interferir en procesos democráticos.
Sin embargo, algunos legisladores manifestaron inquietudes respecto del alcance de las responsabilidades que recaerían sobre las plataformas digitales, advirtiendo eventuales riesgos para la libertad de expresión y el desarrollo de nuevas tecnologías.
Obligaciones y sanciones
La iniciativa será aplicable tanto a personas naturales y jurídicas como a las plataformas de redes sociales que operen en Chile, excluyendo expresamente a los servicios de mensajería privada.
Asimismo, establece que las plataformas extranjeras deberán designar un representante legal en el país, identificar de manera visible los contenidos generados mediante inteligencia artificial y habilitar canales para que las personas afectadas puedan solicitar su eliminación.
El proyecto también dispone que quienes generen o difundan deepfakes responderán civilmente por los daños ocasionados y faculta a los tribunales para ordenar medidas cautelares, como el retiro o bloqueo de los contenidos.
En materia de sanciones, contempla multas que van desde 5 mil hasta 10 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a aproximadamente 358 millones y 716 millones de pesos, respectivamente.