El presidente José Antonio Kast encabezó este lunes en el Palacio de La Moneda la firma del proyecto que incorpora una nueva causal de cesación en el cargo para autoridades que registren consumo de drogas. La medida fue anunciada tras la renuncia del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, luego de que un test de drogas arrojara un resultado positivo.
La iniciativa también establece la obligación de someterse a un examen de detección de drogas al asumir funciones y posteriormente de manera periódica, conforme a la forma que determine la ley.
Asimismo, dispone que los resultados de estos exámenes sean públicos y que la detección del consumo de dichas sustancias constituya una causal de cesación en el cargo, de acuerdo con las normas aplicables.
El proyecto busca fortalecer los principios de transparencia y probidad en el ejercicio de la función pública, estableciendo un estándar común para las autoridades comprendidas en la reforma constitucional.
La medida será aplicable a ministros de Estado, subsesecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales regionales y provinciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales.
El mandatario dijo que con esta reforma constitucional, el Gobierno pretende ordenar la legislación, dada la “dispersión” de normas sobre la materia.
“Aquí hay distintas legislaciones, cuerpos legales, que abordan esto, algunos de manera transitoria como son las leyes de presupuesto y reajuste, como también algunas permanentes como lo es la Ley de Drogas, la Ley de Bases de Administración del Estado”, expuso.
“La ciudadanía cada vez nos exige más como autoridades, cada vez exige más transparencia. Yo creo que nosotros en eso tenemos que oír no solamente a la ciudadanía, sino también cómo la legislación se va haciendo cargo de fenómenos que antes no conocíamos”, añadió.
El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, sostuvo que actualmente existen mecanismos de control sobre el consumo de sustancias ilícitas en algunos cargos, pero no existe una norma general que obligue a todas las autoridades contempladas en la iniciativa a someterse a estos exámenes.
“Nada dice sobre la metodología, nada dice sobre el procedimiento, nada dice sobre otras autoridades (…) la probidad debe ser un requisito para las autoridades, sin excepción”, expresó la autoridad.
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