El Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá salió a desmarcarse del anuncio realizado por la Delegación Presidencial Regional y la Seremi de Desarrollo Social y Familia sobre la nueva Prefectura Provincial de la Policía de Investigaciones (PDI) en Iquique, asegurando que el proyecto todavía no cuenta con financiamiento asegurado, pese a haber obtenido la Recomendación Satisfactoria (RS).
La reacción surgió luego que el Ejecutivo informara que la iniciativa dio “un paso decisivo” al obtener la RS del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, destacando que contempla una inversión de $35.307 millones, financiada conjuntamente mediante recursos sectoriales y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), calificándola como la mayor inversión en seguridad en Tarapacá durante los últimos diez años.
Sin embargo, mediante una declaración pública, el Gobierno Regional sostuvo que la RS no garantiza la construcción del proyecto ni implica que los recursos para ejecutarlo ya estén comprometidos.
“La Recomendación Satisfactoria acredita únicamente la viabilidad técnica y económica de una iniciativa de inversión. No constituye, por sí sola, una garantía de financiamiento ni de ejecución”, señaló el organismo.
Asimismo, afirmó que actualmente no existe un convenio que formalice el compromiso presupuestario entre las instituciones involucradas, agregando que el financiamiento de la iniciativa considera aportes tanto del Gobierno Regional como de la PDI, por lo que aún deben concretarse los instrumentos administrativos que permitan asegurar los recursos.
En ese contexto, el GORE advirtió que resulta “apresurado generar expectativas” respecto de una inversión que, a su juicio, todavía no cuenta con financiamiento garantizado.
La administración regional indicó que valora el avance alcanzado y recordó que se trata de un proyecto que ha impulsado durante los últimos años. No obstante, insistió en que la obtención de la RS representa solo una etapa dentro del proceso de inversión pública y que aún restan definiciones para concretar su ejecución.
La diferencia entre ambos pronunciamientos radica en el estado del financiamiento del proyecto. Mientras el Gobierno destacó la obtención de la RS como un hito que acerca la construcción del nuevo cuartel policial e informó que la inversión será financiada mediante recursos sectoriales y del FNDR, el Gobierno Regional sostuvo que ese compromiso aún no ha sido formalizado, por lo que la obra no puede considerarse asegurada.
Nuevo capítulo de las diferencias entre el GORE y el Ejecutivo
La controversia se produce en medio de una serie de diferencias públicas entre el gobernador regional, José Miguel Carvajal, y autoridades del Gobierno.
Hace solo unos días, Carvajal cuestionó a la delegada presidencial regional, Adriana Tapia, y al senador Renzo Trisotti, luego que ambos sostuvieran una reunión junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y al presidente del directorio de ZOFRI S.A., Claudio Pommiez, para abordar el proceso de renovación de la concesión de la Zona Franca, cuyo contrato expira en 2030.
En esa oportunidad, el gobernador calificó como una “pésima señal” que, a su juicio, las conversaciones sobre el futuro de ZOFRI estuvieran siendo impulsadas por autoridades de un mismo sector político, dejando fuera del debate al Gobierno Regional y a los municipios de Iquique y Alto Hospicio.
“No es posible que tú quieras discutir el futuro de Zona Franca aislando a los actores que no son de tu sector político”, afirmó entonces Carvajal.
Con este nuevo episodio, las diferencias entre el Gobierno Regional y el Ejecutivo vuelven a quedar de manifiesto, esta vez a propósito del estado real de uno de los proyectos de infraestructura policial más relevantes para Tarapacá en la última década.