Un total de 485 funcionarios de la Administración Central se encontraban suspendidos preventivamente en el marco de sumarios administrativos, según un informe de la Contraloría General de la República que considera antecedentes entre 2020 y marzo de 2026.
El reporte, que no incluye a las municipalidades, alertó principalmente por la extensión de estas medidas. En 30 casos, las suspensiones superaban los tres años y 13 funcionarios llevaban más de cuatro años apartados de sus funciones.
El caso más prolongado correspondía a un funcionario del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, con cuatro años y siete meses de suspensión.
Ante estos antecedentes, Contraloría dispuso que los 30 sumarios que superan los tres años sean traspasados al organismo fiscalizador para continuar su tramitación y determinar eventuales responsabilidades por las demoras.
Además, los servicios que mantengan funcionarios suspendidos por más de un año tendrán 15 días hábiles para informar el término de los procedimientos, justificar la continuidad de la medida o reportar acciones destinadas a agilizar los sumarios.
El informe también detectó que 22 funcionarios registraban otras actividades remuneradas mientras permanecían suspendidos. Asimismo, el Estado desembolsó 671 millones de pesos en remuneraciones correspondientes únicamente a los diez casos con suspensiones más extensas.
Contraloría emitió además un nuevo instructivo para reforzar el control de estas medidas y recordó que, por regla general, la suspensión preventiva no implica dejar de recibir remuneraciones y debe mantenerse solo mientras sea necesaria para la investigación.
