La Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez inició una nueva etapa de su trabajo en la Región de Tarapacá, con el ingreso a centros penitenciarios y de justicia juvenil para recoger testimonios de personas que sufrieron violaciones de derechos humanos bajo tutela del Estado entre 1979 y 2024.
El despliegue contempla visitas al a los centros Internación Provisoria e Internación en Régimen (IP-IRC) y al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Iquique, con el objetivo de incorporar al proceso los relatos de personas que durante su infancia o adolescencia pasaron por el sistema de protección y que actualmente se encuentran en estos recintos.
La comisión busca recopilar y poner en valor estos testimonios, junto con archivos y documentos reunidos durante su trabajo, para posteriormente formular propuestas de reparación integral, fortalecimiento de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y garantías de no repetición.
El comisionado y secretario ejecutivo de la Comisión Verdad y Niñez, Branislav Marelic, explicó a Radio Paulina que esta etapa busca evitar que personas que actualmente se encuentran privadas de libertad queden fuera del proceso.
“Esta Comisión no puede hablar de verdad si hay voces que no alcanza a escuchar. Llegar a los centros penitenciarios y de justicia juvenil es reconocer que sus historias también importan. Las vamos a escuchar con respeto, confidencialidad y siempre de manera voluntaria”, señaló Marelic.
Para desarrollar este trabajo, la comisión se encuentra coordinando acciones con Gendarmería de Chile y el Servicio de Reinserción Social Juvenil, instituciones que facilitarán el acceso a los respectivos recintos.
En cada establecimiento se realizarán jornadas de sensibilización y espacios de escucha testimonial, acompañados por profesionales especializados y bajo un enfoque de derechos, con el objetivo de resguardar el bienestar de quienes decidan participar.
La Comisión Verdad y Niñez precisó además que entregar un testimonio no tendrá incidencia en la situación judicial o penitenciaria de los participantes, ya que el proceso tiene carácter voluntario y está orientado a contribuir al esclarecimiento de las vulneraciones ocurridas bajo tutela estatal.