El exministro de Justicia, Hernán Larraín, abordó la controversia por las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y aseguró que, durante su gestión, rechazó inicialmente uno de estos beneficios, pero posteriormente debió concederlo por una resolución judicial.
A través de una declaración pública, la exautoridad explicó que en 2018 recibió una solicitud de reducción de condena de una persona sentenciada por violación de un menor de 14 años.
“Me pareció improcedente conceder este beneficio y lo rechacé. La parte afectada recurrió a los tribunales y, poco tiempo después, recibí una resolución judicial que me obligaba a otorgarlo”, señaló.
Según Larraín, los tribunales establecieron que, si una persona condenada cumplía los requisitos de la Ley N° 19.856, el Ministerio de Justicia estaba obligado a conceder la reducción de pena.
El exsecretario de Estado sostuvo que esta interpretación fue respaldada por reiterados fallos de la Corte Suprema, por lo que la entrega de los beneficios no respondía a una decisión discrecional de la autoridad, sino al cumplimiento de resoluciones judiciales.
Frente a esta situación, recordó que el gobierno del expresidente Sebastián Piñera impulsó una modificación legal para excluir de estos beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
La iniciativa fue promulgada el 28 de enero de 2022 como Ley N° 21.421, incorporando restricciones al acceso a la reducción de condenas.
Larraín también abordó la aplicación de esta normativa a personas condenadas antes de su entrada en vigencia.
Según explicó, inicialmente la Corte Suprema consideró que estos condenados podían acceder al beneficio. Sin embargo, sostuvo que en fallos recientes el máximo tribunal ha modificado su interpretación y rechazado su otorgamiento en determinados casos.
La exautoridad afirmó que este nuevo criterio reconoce que la reducción de condena no está comprendida en el principio de irretroactividad penal, interpretación que, a su juicio, coincide con el propósito de la reforma aprobada durante su gestión.
Las declaraciones de Larraín se producen en medio de los cuestionamientos por la entrega de beneficios de reducción de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.