Un informe de la Contraloría General de la República identificó deficiencias en la gestión municipal de residuos domiciliarios, incluyendo falta de información, vertederos con vida útil vencida y problemas de planificación. El organismo anunció una fiscalización nacional.
La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades y deficiencias en la gestión de residuos domiciliarios en Chile, tras analizar información de las 345 municipalidades del país, correspondiente al período 2022-2025.
Los resultados forman parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N.º 28, publicado el 11 de noviembre, que advierte problemas relacionados con el manejo de basura, el funcionamiento de instalaciones de disposición final y el cumplimiento de obligaciones ambientales.
Uno de los principales hallazgos establece que el 49% de los sitios de disposición final de residuos domiciliarios no cuenta con autorización sanitaria vigente.
Según el organismo fiscalizador, entre estas instalaciones predominan vertederos y basurales de administración municipal o mixta, situación que podría generar riesgos ambientales, sanitarios y financieros.
Además, el informe identificó ocho vertederos cuya vida útil había vencido entre 2003 y 2015, junto con instalaciones próximas a agotar su capacidad.
La Contraloría también constató que el 82% de las municipalidades no informó, durante al menos uno de los períodos analizados entre 2022 y 2024, antecedentes sobre recolección, valorización o eliminación de residuos en el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC).
Esta obligación permite monitorear el manejo de los desechos y contar con información para la planificación y fiscalización ambiental.
El análisis reveló, además, que solo 12 sitios de disposición final reciben residuos provenientes del 59% de las comunas del país, equivalentes al 64% de las toneladas generadas a nivel nacional.
Anuncian fiscalización en todo Chile
Otro de los problemas detectados es que 11 regiones no cuentan con un Plan Regional de Gestión de Residuos vigente, lo que evidencia dificultades en la planificación del tratamiento y disposición de basura.
Ante estos resultados, la Contraloría anunció una fiscalización de alcance nacional para evaluar el funcionamiento de las instalaciones, los riesgos ambientales y sanitarios, y el cumplimiento de la normativa.
Asimismo, solicitará a las seremis de Salud y a la Superintendencia del Medio Ambiente informar sus planes de fiscalización para el período 2026-2027 y adoptar las medidas que correspondan.
