El organismo fiscalizador cuestionó pagos por más de $60 millones en retiro de escombros sin respaldo suficiente, detectó deficiencias constructivas y advirtió irregularidades en la recepción de las obras. El proyecto, financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá, contempló una inversión superior a los $1.204 millones.
La Contraloría Regional de Tarapacá detectó una serie de irregularidades en la ejecución del proyecto de reposición del Skate Park de Playa Brava, en Iquique, tras una investigación que evidenció deficiencias en la fiscalización municipal, incumplimientos técnicos y pagos que no contaban con los respaldos suficientes.
Así lo establece el Informe Final de Investigación Especial N° 660, fechado el 12 de noviembre de 2026, que examinó la ejecución del contrato adjudicado a la empresa Celpa SpA por un monto de $1.204.276.706, financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
Debido a la gravedad y multiplicidad de los hechos detectados, Contraloría anunció que iniciará un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios municipales que intervinieron en la ejecución, supervisión y recepción del proyecto.
Uno de los principales hallazgos corresponde al pago de $60.417.256 por partidas de retiro de escombros, cuya correcta ejecución no pudo ser acreditada por la Municipalidad de Iquique.
Según el informe, no se presentaron antecedentes suficientes que demostraran el retiro de los materiales ni su disposición final en un botadero autorizado, conforme a las exigencias establecidas en el contrato.
En su respuesta, el municipio sostuvo que los trabajos fueron ejecutados, revisados y aprobados por la Inspección Técnica de Obras (ITO), acompañando fotografías como respaldo. También señaló que la autorización para disponer los escombros en el vertedero de Alto Hospicio habría sido otorgada verbalmente.
Sin embargo, Contraloría consideró que dichos antecedentes no permitían acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por lo que anunció que formulará un reparo por los $60.417.256 observados.
La investigación también constató deficiencias constructivas en distintos elementos de hormigón del recinto deportivo, incluyendo grietas, fisuras, segregación del material, pérdida de recubrimiento, armaduras expuestas con evidencias de oxidación y deterioro de juntas.
Estas situaciones fueron detectadas incluso en sectores que habían sido reparados por la municipalidad antes de la fiscalización.
Ante estos hallazgos, Contraloría instruyó al municipio presentar, dentro de 30 días hábiles desde la recepción del informe, una evaluación elaborada por un ingeniero civil estructural o profesional competente.
El documento deberá determinar si las deficiencias afectan la estabilidad, seguridad, durabilidad o condiciones de uso de la infraestructura, acompañando los respectivos antecedentes técnicos y ensayos que respalden sus conclusiones.
Irregularidades en la recepción y devolución de retenciones
Otro de los cuestionamientos corresponde a la devolución de $60.213.835 en retenciones a la empresa contratista, pese a que no se acreditó el cumplimiento de todos los requisitos documentales exigidos para la recepción provisoria de las obras.
Entre los antecedentes faltantes se encontraban el certificado de recepción de aceras y pavimentos del SERVIU y documentación relacionada con la inexistencia de deudas por servicios básicos y el retiro de instalaciones provisorias.
Contraloría ordenó al municipio acreditar los documentos pendientes y, en caso de que no se demuestre el cumplimiento de determinadas obligaciones, establecer los montos correspondientes y efectuar los descuentos que procedan en la liquidación final del contrato.
Asimismo, el organismo detectó el pago de $785.400 por planos definitivos de la obra que no reflejaban íntegramente las modificaciones realizadas durante su construcción.
Deficiencias en la fiscalización municipal
El informe también identificó inconsistencias en los antecedentes técnicos del proyecto, insuficiencias en los ensayos de calidad del hormigón y controles de densidad, falta de registros en el libro de obras y modificaciones contractuales ejecutadas antes de contar con su aprobación formal.
De acuerdo con Contraloría, estas situaciones evidencian que la supervisión ejercida por la Inspección Técnica de Obras municipal fue insuficiente para garantizar el cumplimiento de las exigencias técnicas, administrativas y contractuales.
En consecuencia, el organismo fiscalizador incorporará los hechos observados al procedimiento disciplinario anunciado, con el objetivo de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
Recinto presentó deterioro a pocos meses de su habilitación
Cabe recordar que las obras fueron terminadas por la empresa contratista el 17 de octubre de 2025, recibidas provisionalmente por el municipio sin observaciones el 28 de noviembre y habilitadas para uso público en diciembre de ese mismo año.
Sin embargo, el 10 de febrero de 2026, Contraloría recibió una denuncia que cuestionaba la ejecución del proyecto debido a su presunto deterioro prematuro, incluyendo resquebrajamiento de elementos de hormigón, desprendimientos de estructuras metálicas y fugas de agua.
La investigación concluyó que la Municipalidad de Iquique deberá adoptar medidas para subsanar las observaciones, acreditar los antecedentes pendientes y fortalecer sus mecanismos de supervisión de obras públicas.
En tanto, el procedimiento disciplinario anunciado por Contraloría deberá establecer las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de las irregularidades detectadas.
