La Fiscalía de Paraguay ordenó este jueves una inédita operación de registro de la residencia presidencial, ocupada hasta el viernes pasado por el ahora exmandatario Santiago Peña, quien fue destituido tras el escándalo por la intervención de Ueno Bank.
El procedimiento se produjo tras varios allanamientos a propiedades vinculadas al exmandatario de 47 años, que se encuentra en prisión preventiva. La diligencia tiene como objetivo encontrar “información de interés para la causa”.
Hasta la vivienda oficial asignada al jefe del Ejecutivo llegó un equipo conformado por la Fiscalía como parte de la investigación contra el expresidente y el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo.
Peña está acusado de utilizar su influencia para favorecer al banco, en cuyo grupo controlador tuvo acciones hasta 2025. Es señalado de engordar Ueno Bank con millones de dólares de fondos públicos, y de ocultar o minimizar sus problemas pese a ser alertado de préstamos irregulares y riesgos de insolvencia.
Las fiscales Silvia González y Laura Giacummo lo imputan por lesión de confianza, como instigador, y por administración en provecho propio, en calidad de autor. Peña arriesga una pena de hasta 15 años de cárcel.
En paralelo a la investigación de Peña, el Gobierno del presidente de Paraguay, Pedro Alliana, prepara un proyecto de ley que permitiría asumir temporalmente la administración de empresas vinculadas a entidades financieras en resolución, como Ueno Bank.
El asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González, explicó que la propuesta contempla desplazar a directores, gerentes y apoderados generales, y reemplazarlos por administradores independientes durante un máximo de ocho meses.
El Ejecutivo sostiene que busca proteger los puestos de trabajo, garantizar salarios y preservar los activos de las empresas. Además, el proyecto todavía debe ser presentado y aprobado por el Congreso.
