El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció ante Bloomberg que lo que atraviesa la economía chilena puede llamarse “técnicamente una recesión” y, en la misma entrevista, planteó que “en el largo plazo, puede que necesitemos pensar en una mayor inversión de capital privado en la propia Codelco”. La frase no es menor: comienza a instalarse con fuerza la idea de modificar la propiedad de la principal empresa pública del país.
No apareció de golpe. El 28 de julio, una semana después de despachada la megarreforma tributaria, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, propuso privatizar Codelco “o al menos parte de su propiedad”. El Gobierno lo descartó, pero al día siguiente Quiroz agregó: “Asociaciones con privados, eventualmente aporte de capital privado, por qué no”. El 5 de noviembre, en la junta extraordinaria de accionistas, habló de “espacios de capital privado” y de “mecanismos alternativos” para algunas divisiones, admitiendo que exigirían un cambio constitucional. Primero se propone, luego se descarta y finalmente se presenta como una posibilidad razonable para el futuro. No hay aún una decisión de privatizar, pero sería ingenuo no ver el desplazamiento.
El contexto importa. El Gobierno llegó prometiendo crecimiento a punta de rebajas tributarias. Ocho meses después, el desempleo alcanza 9,8%, el más alto desde 2021; la inflación llega a 4,5% y el Banco Central proyecta un crecimiento de apenas 0,25% a 0,75% para 2026, atribuible no solo a la minería, sino también a una demanda interna, una inversión y un empleo debilitados. Entretanto, se aprobó bajar el impuesto corporativo de 27% a 23%, aunque un informe del propio Ministerio de Hacienda, publicado antes del cambio de mando, estimó que el 79% de ese beneficio se concentra en el 1% de mayores ingresos. Cuando, una semana después, el partido que fundó el Presidente propone vender parte de la principal empresa del Estado, la pregunta es inevitable: ¿quién paga la crisis y quién se queda con la recuperación?
Codelco tiene problemas serios. La producción inflada en 2024 y 2025, que según cifras preliminares suma 42.100 toneladas, es grave y exige responsabilidades. Pero es una falla de control y de gobierno corporativo, que se corrige con controles y gobierno corporativo, no cambiando de dueño. Tampoco la caída productiva es un mal exclusivo del Estado: entre enero y agosto, según Cochilco, Spence cayó 25,5% y Escondida 11,4%, ambas de BHP, mientras Codelco bajó 8,1%. Y pese a todo, Codelco aportó US$933 millones al Fisco en el primer semestre, 15% más que un año antes.
Es cierto que necesita financiamiento, pero hay caminos que no pasan por venderla. Este mismo Gobierno usó uno en agosto, al autorizar por primera vez que retuviera el 100% de sus utilidades de 2025; antes, la Ley 20.790 la capitalizó en un esfuerzo que inició Bachelet y concluyó Piñera. Para nuevos proyectos existen las asociaciones, como El Abra con Freeport o el plan conjunto Andina–Los Bronces con Anglo American, y el propio Fontaine pidió modernizar la ley que las regula, aclarando que “no tiene nada que ver con la ley de Codelco mismo”.
La Estrategia Nacional del Litio muestra cómo hacerlo. Allí el Estado no vendió nada: primero definió qué era estratégico, los salares de Atacama y Maricunga; fijó que en ellos tendría la mayoría a través de Codelco, y recién entonces buscó socios. Así nació NovaAndino con SQM, donde desde 2031 Codelco asume el control de la operación del Salar de Atacama y el Estado capta 85% del margen operacional, y la sociedad con Rio Tinto en Maricunga, donde Codelco retiene el 50,01% y el socio aporta hasta US$900 millones. Los privados pusieron capital y tecnología; el Estado puso las reglas y se quedó con el control. Si eso fue posible en el litio, con cuatro ofertas vinculantes compitiendo por entrar a Maricunga, ¿por qué en el cobre se propone lo inverso: abrir la propiedad de la matriz sin definir antes qué es estratégico ni quién decide? Socios en proyectos, sí; accionistas en la matriz, no.
A ello se suman razones políticas de fondo. La primera es de mandato. En 2021, Kast fue categórico: “No vamos a privatizar Codelco”, y en agosto reiteró que no está “dentro de los objetivos ni de las prioridades del Gobierno”. En abril, Quiroz recordó que la propiedad de Codelco es “una decisión constitucional de todos los chilenos, que excede largamente cualquier política u opinión de un gobierno en particular”. Tiene razón, y por eso esa decisión no puede irse cocinando en juntas de accionistas y entrevistas, división por división. La ciudadanía ya opinó: 74% rechaza privatizar Codelco (Criteria) y 75% quiere que siga siendo 100% estatal (Descifra).
La segunda es histórica. La nacionalización del cobre fue aprobada por unanimidad en 1971, y ni la dictadura, que privatizó buena parte de las empresas públicas, ni ningún gobierno democrático tocaron la propiedad de Codelco. Hasta la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, calificó su privatización de “políticamente imposible”. Romper un consenso de medio siglo exige bastante más que un mal año.
La tercera es estratégica. Un accionista privado, aunque sea minoritario, exigirá dividendos y retornos, algo legítimo en una compañía privada, pero que tensiona los otros fines de Codelco, desde sus compromisos territoriales hasta su rol en el litio: abrir su propiedad sería abrir también, por la puerta trasera, NovaAndino y Maricunga. Y hacerlo con la producción en su nivel más bajo en casi tres décadas sería vender barato un activo cuyo valor crece con la transición energética y la disputa global por los minerales críticos.
Por eso esta es también una disputa por el sentido común: cuando se repite que una empresa pública con problemas necesita capital privado, una opción política se disfraza de necesidad técnica, y la pregunta deja de ser cómo administrar mejor un patrimonio colectivo para pasar a ser cuánto de él estamos dispuestos a ceder. Lo que nos jugamos es la capacidad del Estado para intervenir en sectores fundamentales de la economía, orientar inversiones, desarrollar capacidades tecnológicas y garantizar que una parte de la riqueza nacional permanezca al servicio de las necesidades de las familias chilenas.
Defender Codelco no significa justificar sus errores. Precisamente porque pertenece a todos, debemos exigirle transparencia, eficiencia y productividad, y una reforma a su gobierno corporativo que fortalezca los controles y dé a Cochilco facultades efectivas para verificar la producción. El desafío consiste en fortalecer las capacidades del Estado y construir una empresa que responda efectivamente a los intereses de Chile.
No corresponde transformar las dificultades de la economía nacional en un argumento para debilitar el patrimonio público ni utilizar los problemas de gestión de Codelco para naturalizar una eventual transferencia de riqueza hacia el capital privado. Una crisis exige corregir lo que no funciona, no renunciar de manera permanente a nuestra soberanía económica. El cobre debe seguir siendo de Chile, pero, sobre todo, su riqueza debe servir a quienes producen, trabajan y sostienen nuestra patria.
Columna de opinión de
Wladimir Astudillo Castillo – ex Seremi de Minería de Tarapacá
Sergio Figueroa Sepúlveda – encargado del Frente Ecos. y Nuevo Modelo de Desarrollo del Frente Amplio Tarapacá
