El Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique acogió, con costas, la demanda por despido injustificado, nulidad del despido, declaración de unidad económica y cobro de prestaciones presentada por una trabajadora que se desempeñaba en labores de aseo, ayudante de cocina y atención de público.
La acción, tramitada bajo el rol 49-2024 y resuelta por el magistrado David Sepúlveda Cid, se dirigió contra las empresas Alimentos del Pacífico Ltda., Dolce Pasta Ltda. y Food Service Ltda., además de su controlador, demandado en calidad de empleador.
El tribunal estableció que la relación laboral con Alimentos del Pacífico Ltda. se extendió entre el 10 de junio y el 29 de octubre de 2023, fecha en que la trabajadora fue despedida, según su relato, de manera verbal.
Despido sin formalidades ni cotizaciones pagadas
Al permanecer en rebeldía, la parte demandada no acreditó haber cumplido las formalidades del despido ni probó la causal invocada. Tampoco demostró el pago de las cotizaciones previsionales, de salud y del seguro de cesantía durante toda la relación laboral, por lo que el juzgado resolvió que el despido no produjo el efecto de poner término al contrato.
Asimismo, la empleadora no acreditó el pago del feriado proporcional ni de la remuneración de octubre de 2023, por lo que se acogieron los montos señalados en la demanda.
Un solo empleador
Considerando los informes de la Inspección del Trabajo, el tribunal constató una dirección laboral común, similitud y complementariedad entre los giros de las empresas y un controlador común. Por ello, las declaró un solo empleador y responsables solidarias de las obligaciones laborales.
Montos ordenados
La sentencia ordena pagar $450.000 por indemnización sustitutiva del aviso previo; $110.250 por feriado proporcional; $450.000 por la remuneración de octubre de 2023; y las remuneraciones y prestaciones devengadas desde el 29 de octubre de 2023 hasta la convalidación del despido, conforme al artículo 162 del Código del Trabajo, calculadas sobre una remuneración mensual de $450.000. Las costas se fijaron en $202.050, equivalentes al 20% del total.
Las sumas deberán pagarse con reajustes e intereses. Además, el tribunal fijó una multa de 100 UTM, en virtud del artículo 507 N°2 del Código del Trabajo, que puede repetirse hasta obtener el cumplimiento. En cambio, rechazó declarar la existencia de subterfugio y aplicar la multa de 300 UTM del artículo 507 N°3.
Fuente: Poder Judicial.
