La Contraloría General de la República (CGR) reveló que más de 300 personas que trabajan en la administración del Estado tienen condenas por crimen o simple delito, incumpliendo la prohibición expresa para continuar ejerciendo un cargo público.
La entidad fiscalizadora dio a conocer su Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°29, realizado en base a un cruce de datos entre el Registro Nacional de Condenas del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCEI), el Servicio Electoral (Servel) y el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER).
En el informe se advirtió la existencia de 315 funcionarios y servidores públicos que están asociados a 317 registros de condena. De ellos, 149 trabajan para el gobierno local y 166 lo hacen en el gobierno central.
En cuanto a los servicios con mayor número de personas condenadas, figura que 84 funcionarios pertenecen a Carabineros de Chile; 22 al Ejército de Chile; 8 a la Armada de Chile; 6 a la Municipalidad de Valdivia; 5 a la Fuerza Aérea de Chile; 4 a la Municipalidad de Hualpén; 4 a la Municipalidad de Tierra Amarilla; 4 a la Municipalidad de Chillán; 4 a la Municipalidad de Puerto Montt, y 3 a la Municipalidad de Tocopilla.
Respecto de la gravedad de los delitos, se registran 73 condenas por crímenes y 244 condenas por simples delitos. De esto se desprende que dos funcionarios registraron más de una condena.
Al respecto, la Contraloría ordenó a las entidades involucradas iniciar las investigaciones pertinentes y determinar eventuales responsabilidades administrativas por la posible omisión de informar la condena al jefe de servicio, e iniciar el procedimiento para aplicar la inhabilidad sobreviniente.
Esto último corresponde a una circunstancia que surge después del ingreso a la Administración del Estado y que impide a una persona seguir ejerciendo un cargo público.
Asimismo, deberán informar si las condenas han sido oportunamente evaluadas y ponderadas en los procesos de calificaciones, de acuerdo con los criterios de comportamiento social y probidad funcionaria.