Por medio de una Declaración Pública, la Contraloría General de la República respondió a las críticas de las que ha sido objeto a raíz de la investigación que lleva adelante contra 7 generales del Alto Mando de Carabineros, por su eventual responsabilidad en las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas posterior al estallido social del 18 de octubre pasado.
Esto, luego de que la defensa de dos de estos generales acusaran que “resulta ilegal que la CGR se inmiscuya en estas materias”, además de apuntar a que esta investigación “podría ser constitutivo de un caso de desviación del poder”.
En respuesta a estas declaraciones, aclararon que “la facultad de la Contraloría General de la República para perseguir responsabilidades administrativas en Carabineros de Chile se funda en el artículo 98 de la Constitución Política de la República, que le encarga el control de legalidad de los actos de la Administración”.
Asimismo, esta atribución se fundamenta “en el artículo 133 de la Ley N° 10.336 que sostiene que ‘el Contralor o cualquier otro funcionario de la Contraloría, especialmente facultado por aquel podrá ordenar, cuando lo estime necesario, la instrucción de sumarios administrativos’. Dicha facultad se regula, en específico, en la resolución N° 510, de 2013”.
Si bien no entregaron mayores detalles respecto a la investigación, ya que tiene un carácter de reservado, si dieron a conocer que, respecto a los hechos ocurridos a finales del año pasado tras el estallido social, la Contraloría “recibió 457 denuncias -debidamente individualizadas-, relativas al actuar de Carabineros de Chile, por lo que se encontraba en el deber legal de actuar frente a tales denuncias”.
