Más de la mitad de los 15.679 delitos registrados el año pasado en Tarapacá correspondieron a infracciones relacionadas con las cuarentenas y otras medidas sanitarias vigentes durante la pandemia de Covid-19 (52,8 por ciento). En número muy menor aparecen las denuncias por lesiones (8,3 por ciento) y las transgresiones a la Ley de Drogas o a la Ley de Tránsito, ambas con 6,9 por ciento.
El desafío de atender ese elevado número de casos con las limitaciones que impuso la emergencia sanitaria fue superado por la Defensoría Regional de Tarapacá mediante la modernización de sus sistemas de atención y contacto con las usuarias y usuarios, basándose en las nuevas tecnologías de comunicación digital.
Esos y otros aspectos dio a conocer el defensor regional, Gabriel Carrión, al rendir cuenta de la gestión regional de la defensa pública durante 2020, actividad que se realizó mediante una transmisión audiovisual desde las páginas institucionales en Facebook, YouTube y otras redes sociales. La cual también fue seguida por las más de 200 internas del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Iquique, a través de “Radio Estación Sin Número”, emisora interna del centro penitenciario.
En su mensaje, Carrión destacó que el trabajo colaborativo desarrollado tanto entre los integrantes de su equipo como en coordinación con las demás instituciones del sistema de justicia penal, permitió que el servicio de defensa pública nunca se interrumpiera, pese a los enormes desafíos que significaron las limitaciones impuestas por la pandemia del Covid-19 y, a comienzos de 2020, los casos relacionados con el estallido social iniciado en octubre del año anterior.
“En Tarapacá nunca se dejó de prestar el servicio y, apelando a la tecnología virtual, mantuvimos contacto no sólo con nuestros usuarios en libertad, sino además con aquellas personas privadas de aquella”, explicó, detallando que las visitas de cárcel cumplidas por videoconferencias sumaron 6 mil 122 casos.
En su alocución, Carrión destacó la construcción de la nueva sede de la Defensoría Local de Alto Hospicio, cuya inversión asciendea 468 millones de pesos. “Será un edificio moderno, con la tecnología necesaria para brindar un servicio de excelencia”, destacó que el proceso de edificación entregará plusvalía al sector y se desarrolla “respetando a nuestros vecinos en el más amplio sentido de la palabra”.
El jefe de la defensa pública regional mencionó también que durante el 2020 la Defensoría Regional atendió a 540 personas que sufrieron alguna medidas de restricción a su libertad ambulatoria (detención, prisión preventiva o internación provisoria) para ser finalmente liberadas de todo cargo, porque fueron absueltas o porque el Ministerio Público no perseveró en sus causas. Agregó que son estos los casos que la institución estudia para evaluar su incorporación al “Proyecto Inocentes”.
Esta iniciativa estudia, documenta y difunde los casos de personas inocentes que, habiendo sido acusadas de algún delito, han sufrido pérdida de libertad en ese proceso. Su objetivo es visibilizar experiencias en las que algún actor o mecanismo del sistema de justicia penal ha fallado, para promover su corrección y reivindicar la honra de personas cuya inocencia resultó comprobada ante los tribunales de justicia.
La evaluación del directivo también incluyó la creación o fortalecimiento de equipos especializados para prestar defensa a los migrantes y a quienes cumplen condenas de prisión; todo esto como una respuesta a las nuevas realidades regionales marcadas por la migración y por el desarrollo de propuestas más modernas en la atención a quienes cumplen condenas de presidio efectivo.
