La Corte de Apelaciones de Iquique llevó a cabo una charla en la que abordó la niñez y adolescencia migrante, particularmente en relación a los niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados en contexto de movilidad.
La instancia tuvo como foco la difusión del “Protocolo para la protección de niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional”, elaborado por una mesa interinstitucional liderada por la Corte Suprema, a tribunales de la jurisdicción e instituciones relacionadas como Carabineros de Chile, Servicio de Salud de Iquique, Corporación de Asistencia Judicial, Defensoría de la Niñez, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia-Mejor Niñez y Servicio Nacional de Menores (Sename).
La jornada fue encabezada por el presidente de la Corte de Apelaciones, Andrés Provoste, quien al comienzo recordó que el ingreso de personas migrantes a través de los pasos fronterizos ubicados en nuestro país ha significado un desafío para las instituciones en cuanto a su abordaje y obligaciones emanadas de las convenciones internacionales.
“Particularmente para el Poder Judicial, la situación de niños, niñas y adolescentes migrantes es un tema crítico y prioritario, considerando su mayor condición de vulnerabilidad física y psicológica, y en este contexto, cobra especial relevancia la generación de capacitaciones que sensibilicen sobre este tema, evitando de esta forma discriminaciones y prejuicios”, manifestó.
Añadió que por esta razón se revisarán temas como el concepto de movilidad humana y protección internacional; principios fundamentales para la protección de la niñez y los principales lineamientos del Protocolo para la protección de los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad no acompañados y separados, “que es el resultado de un trabajo articulado y un esfuerzo de coordinación interinstitucional que justamente está dirigido a dotar de mejores herramientas a todos los actores que intervienen en la primera atención, asegurando la protección de las garantías básicas de la infancia y adolescencia”.