El seremi de Gobierno de Tarapacá, Rodrigo Vargas, se refirió al anuncio del Ejecutivo sobre entregar todos los antecedentes de las fundaciones que trabajan con el Ejecutivo en los últimos cinco años a nivel país. Esto, en el marco del “Caso Convenios” y por las transferencias que han recibido fundaciones como Democracia Viva o Urbanismo Social por parte de entidades estatales.
“Efectivamente desde un comienzo el presidente Boric ha sido bien tajante y claro respecto, a que estas situaciones son absolutamente impresentables con un estado de derecho y deben ser perseguidos y sancionados los culpables que se encuentren”, señaló.
En conversación con La Mañana por Paulina, la autoridad aseguró que a nivel regional no tienen información al respecto y afirmó que han hecho los seguimientos, pero hasta el momento no han encontrado ningún vínculo con corporaciones o fundaciones.
“A nivel regional no tenemos información al respecto, hemos hecho los seguimiento, pero hasta el momento no hemos tenido ningún vínculo con corporaciones o fundaciones (…) en el fondo de lo que estamos hablando de desviación de recursos del Estado, recursos que son de todos los chilenos para fines que son poco claros y que son definitivamente constitutivos de delito”, afirmó.
En ese sentido, el vocero de Gobierno en Tarapacá manifestó que está “completamente seguro que ninguno de los funcionarios, ninguna de las autoridades de Gobierno va a permitir que este tipo de situaciones ocurren, por lo menos en la región”.
“La otra región donde está ocurriendo esta situación se está investigando y esperamos que se persiga a los culpables y se establezca su culpabilidad, culpabilidades rápidamente, de manera de dar muestras de transparencia y la probidad que un funcionario público y las instituciones deben tener en forma permanente de cara a lo que la ciudadanía, reclama y exige”, agregó.
Respecto a los contratos que han realizado el Gobierno Regional (GORE) y la Delegación Presidencial de Tarapacá con fundaciones, el Seremi comentó que están “en constante revisión” y agregó que el GORE tiene su propio medio de fiscalización que es el Consejo Regional. Sin embargo, el vocero expresó su preocupación por la delegación señalando que no quiere bajo ningún punto de vista que hayan “aristas sueltas”.
“Creo que los consejeros realizan una labor bastante destacada y a veces desconocida respecto a fiscalizar, yo por lo menos cuando estuve formando parte del Gobierno vi varios requerimientos de información respecto a actuaciones propias de Gobierno y fuera todo respondidas, desconozco más allá el detalle, pero claramente el Consejo tiene facultades fiscalizadoras que las cumple en su función. Dentro del gabinete regional, dentro de la delegación presidencial, claramente esto es preocupante y no queremos bajo ningún punto de vista que haya aristas sueltas”, expresó.
Por otro lado, el vocero se refirió a los procesos de adjudicación de fondos que tienen que ver con los medios de comunicación y las organizaciones sociales y confirmó que han tenido algún tipo de situaciones o “inconvenientes”, de carácter administrativo en función de las bases que vienen con un criterio y una mirada centro-periférica, considerando que estos lineamientos se confeccionan con la realidad de Santiago y nunca consideran las realidades locales.
“Entonces hemos levantado la sugerencia de que en los futuros concursos podamos tener variables que tengan una competencia local para poder tomar decisiones o incorporar esas áreas locales que permitan tomar las definiciones al momento de la adjudicación”, añadió.