La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió a trámite la denuncia por desaparición forzosa de José Vergara Espinoza, quien fue detenido en 2015 por cuatro carabineros por un supuesto caso de violencia intrafamiliar, siendo abandonado en el desierto de Alto Hospicio desde una patrulla. El joven se encuentra desaparecido desde entonces.
A 8 años de su desaparición en la comuna de Alto Hospicio y luego de distintas instancias judiciales, los familiares del joven de 23 años interpusieron en 2019 una denuncia en contra del Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual fue acogida por la instancia e informada mediante una carta a la familia de Vergara.
La denuncia se dio luego de un juicio oral anulado y una segunda instancia que dejó sin las sanciones correspondientes a los cuatro excarabineros involucrados en la desaparición del joven. Además, los familiares de Vergara consideran como “fallidos” los procesos judiciales en la investigación en contra de los cuatro funcionarios dados de baja por su participación en el hecho.
“Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación a la petición arriba citada, la cual fue recibida en esta Secretaría Ejecutiva el 15 de mayo de 2019”, indica la misiva mediante la cual este organismo internacional notificó a la familia de José Vergara.
En la misiva, la CIDH informa que “se ha fijado un plazo de tres meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses”, para que el Gobierno de Chile entregue una serie de antecedentes solicitados. La familia dio a conocer esta noticia cuando este miércoles 13 de septiembre se cumplen ocho años de la detención del joven.
Para Cristina Vergara, hermana del joven, “este es el primer paso para que al Estado de Chile se le obligue a reconocer su responsabilidad internacional por actos de sus agentes policiales en la desaparición forzada de mi hermano. Desde hace ocho años que exigimos justicia para José Vergara. Vivo lo llevaron, vivo lo queremos”.
“Yo me reuní presencialmente con el presidente Gabriel Boric en marzo de este año, en su visita oficial al memorial de Pisagua en Iquique, y él en persona se comprometió conmigo y mi familia a reiniciar la búsqueda del paradero de mi hijo e incluirlo en el proyecto de búsqueda de detenidos desaparecidos, pero nos engañó. Nos sentimos decepcionados de nuestro propio gobierno”, señaló Juan Vergara, padre del desaparecido.
El abogado de la familia Vergara, Enzo Morales, valoró la decisión de la Corte Interamericana y afirmó que este “es el primer paso para que se establezca la responsabilidad internacional del Estado de Chile porque la justicia liberó a los asesinos, el Gobierno abandonó la búsqueda de su cuerpo y el presidente Gabriel Boric lo excluyó del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos a pesar del compromiso con su padre en Iquique hace unos meses”.
El jurista y la familia de José esperan que próximamente el Estado “reconozca su responsabilidad internacional y la Corte Interamericana ordene al Estado reabrir el proceso penal y condenar a penas de cárcel efectiva a los asesinos de José Vergara”.
Detenido desaparecido en democracia
El caso se remonta al 13 de septiembre de 2015, cuando 4 expolicías concurrieron hasta el domicilio de José Vergara, ubicado en la Población La Tortuga de la comuna de Alto Hospicio. En la dependencia, el joven se encontraba en crisis producto de la enfermedad mental de esquizofrenia.
En tanto, el cabo primero Carlos Valencia, el cabo segundo Ángelo Muñoz y los suboficiales Abraham Caro y Manuel Carvajal, sacaron a José Vergara de su hogar, subiéndolo a un carro policial, siendo trasladado esposado sin que hasta la fecha se tengan noticias sobre su paradero.
Tras su detención el joven no retornó al hogar, por lo que su familia presentó una denuncia por presunta desgracia en Carabineros. Pese a la intensa búsqueda de su hermana y sus padres, no se han encontrado rastros de su ubicación.
Hasta ahora la única pista es la información proporcionada por los cuatro exfuncionarios de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio que estuvieron a cargo del procedimiento, quienes fueron dados de baja luego de reconocer que abandonaron a José Vergara en el sector de “Caleta Buena”.
En el inicio de la investigación penal, los policías implicados confesaron que abandonaron al joven en el desierto, en un sitio eriazo camino a dicha caleta, evidenciando con este caso una práctica denominada como “machetazo” o “dos corto”, procedimiento policial por el que se saltan los conductos regulares del procedimiento de Carabineros y abandonan a los detenidos en sitios eriazos del desierto, para evitar el papeleo y explicaciones que origina una detención irregular.
En la audiencia de preparación de juicio oral de 2017, la entonces fiscal a cargo del caso, Virginia Aravena, dijo que “esta es la única causa en Chile por una desaparición forzada de una persona por agentes del Estado ocurrida en democracia, que tiene personas formalizadas y acusadas por estos hechos”.
“Es una causa relevante para el país y referente a una vulneración grave de los derechos humanos, que exige no sólo nuestra obligación de investigar, sino también el derecho a que se conozca la verdad de los mismos, y es por ello que es necesario que toda la prueba sea presentada en el juicio oral”, alegó la fiscal en dicha oportunidad.
Excarabineros están en libertad
En abril de 2018 y a tres años de la desaparición de José, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Iquique condenó a los carabineros como autores del delito de detención ilegal con una pena de tres años de cárcel.
Sin embargo, la Corte Suprema anuló la decisión tomada por las justicia, dando paso a un segundo juicio, donde el mismo tribunal sentenció a cuatro años de presidio con beneficio de libertad vigilada a los excarabineros. En esta ocasión, los magistrados condenaron a los expolicías por secuestro simple (no calificado) y descartaron el delito de detención ilegal.
De este modo, el tribunal les concedió el beneficio de libertad vigilada intensiva, y además les contabilizó los años que ya estuvieron en prisión preventiva por el período en que se extendió la investigación, por lo que todos salieron en libertad debido a las bajas penas.
Con estos precedentes, el 15 de mayo del 2019 se ingresó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a que no se aplicó la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, la cual está vigente desde el 2010 en el país.
Así, este martes 12 de septiembre, la CIDH notificó al abogado de la familia, Enzo Morales, que decidió acoger a tramitación la denuncia, por lo cual notificó al Gobierno de Chile para que en un plazo de tres meses presente sus descargos de las acusaciones.