La Fiscalía de Arica y Parinacota anunció que apelará a la decisión del Juzgado de Garantía que les ordenó revelar la identidad de 50 testigos con identidad reservada que declararon en la investigación contra el clan Los Gallegos, brazo armado de la organización criminal el Tren de Aragua.
Se trata del listado completo de las personas que formaron parte de la investigación, ya sea como agentes encubiertos que se infiltraron en el cerro Chulo, sector que el clan de venezolano llegó a dominar, o como testigos de algunos de los múltiples delitos que se les imputan.
Al respecto, el fiscal Mario Carrera confirmó que el Ministerio Público presentará un recurso para revertir la resolución del juez Héctor Barraza, quien acogió la solicitud de la defensa de los 44 imputados que pertenecen al brazo operativo del Tren de Aragua en Chile.
“Estamos muy sorprendidos por la resolución del Tribunal de Garantía, donde se accedió a entregar a las defensas todas las individualizaciones de los testigos reservados en la investigación en contra del Tren de Aragua”, indicó el persecutor.
Carrera enfatizó que están “consternados por esta resolución, que va totalmente en contra de la protección que debemos dar como sistema a todos y cada uno de nuestros testigos y peritos que participan en las causas vinculadas, sobre todo delitos como el crimen organizado”.
“La verdad es que para nosotros nos sorprende demasiado, porque va efectivamente en contra de todo lo que como sociedad y como sistema de justicia debemos a las víctimas en materia de protección, por lo tanto, vamos a estudiar obviamente la resolución y en las próximas horas vamos a presentar un recurso para efectos de revertir esta resolución y evitar que se entreguen estos antecedentes tan relevantes en una investigación a las contrapartes, donde por cierto están los integrantes de esta organización”, añadió.
“Demás está decir que el mismo día de hoy vamos a presentar los recursos correspondientes para intentar revertir esta resolución (…) va contra la respuesta que debemos dar como sociedad y como Estado a nuestras víctimas y testigos”, acotó.
Por su parte, la subdirectora de la Unidad de Crimen Organizado, Tania Gajardo, manifestó que “es preocupante el tener que entregar este tipo de información, ya que tenemos el mandato constitucional de proteger a las víctimas, a los testigos, sobre todo en un procedimiento que está relacionado con crimen organizado, en donde hay grandes dificultades tanto para la investigación, son investigaciones complejas”.
“Tenemos el mandato constitucional de proteger a las víctimas, a los testigos, sobre todo en un procedimiento que está relacionado con crimen organizado, en donde hay grandes dificultades tanto para la investigación, son investigaciones complejas, hay problemas de seguridad, no solo de los fiscales, también de defensores, de jueces, esto se ha visto sobre todo en las últimas semanas”, complementó.
En este sentido, Gajardo enfatizó que deben resguardar “la seguridad de todos los operadores del sistema procesal penal y en esto, claro, es preocupante que estemos revelando este tipo de información que podría llegar a ser perjudicial para algunas personas, por lo tanto, desde la Fiscalía Nacional nos preocupa mucho esta situación y estamos coordinados con las instituciones que están participando también, que son intervinientes en este proceso, y coordinados con la Fiscalía, en este caso de Arica, para los recursos correspondientes”.