En la jornada de ayer miércoles 13 de septiembre, el Gobierno dio a conocer el número de beneficiarios con pensión de gracia del estallido social por las violaciones a los derechos humanos.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó estas cifras en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y mencionó que “durante el 2022 se entregaron 418 pensiones de gracia a personas que vieron vulnerado sus derechos en el marco del estallido social”.
De este total, la administración del expresidente Sebastián Piñera entregó 148 pensiones de gracia y el actual Gobierno del presidente Gabriel Boric dio 270. Además Monsalve detalló que 40 personas tienen antecedentes penales, de los cuales 17 recibieron el beneficio en el gobierno anterior y 23 en el actual mandato.
El subsecretario destacó que ambas administraciones de gobierno respetaron “un reglamento que fue fijado a través de una resolución exenta el 4 de enero del año 2022 (…) en ninguno de los acápites de ese reglamento se considera como requisito solicitar los antecedentes penales”.
La autoridad detalló que el monto de esta pensión de gracia es de cerca de los 400.000 pesos y que el presidente de la República es el único que tiene la facultad para revocar este beneficio.
El presidente de la comisión, el diputado Henry Leal de la UDI, manifestó que del total de los beneficiarios 39 tuvieron lesiones leves, que no tienen ninguna incapacidad para trabajar y tienen pensiones de gracia para toda la vida.
En relación con los beneficiados con antecedentes, el diputado Leal, sostuvo que “en el reglamento que se dictó, no se consideró verificar los antecedentes penales. Entonces, hoy tenemos casos donde hay prófugos de la justicia y que están con el beneficio”.
“La comisión en sus conclusiones, me imagino, que va a volver a proponer que a esas personas se le revoque ese beneficio, pero eso tendrá que ser sometido a votación en su momento”, aseveró Leal.