El Comité Regional de Seguridad Pública y de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero abordó el impacto del decreto publicado esta semana en el Diario Oficial de Perú, que establece un plazo de 24 horas para expulsar a un extranjero que haya ingresado en forma irregular al país vecino, y la recuperación de terrenos tomados en Cerro Chuño, donde se instalan personas sin su situación migratoria regularizada en el país y que buscarían otras zonas de asentamiento como las playas de Arica.
Los temas fueron tratados durante el jueves 16 de noviembre en las sesiones de los dos comités, donde asistieron autoridades, además de representantes de diversos organismos públicos e instituciones como la Fiscalía, la Defensoría Penal Pública, Carabineros, Policía de Investigaciones y Armada. A ellos se sumó el Gobierno Regional de Arica y Parinacota.
Otros temas que acapararon las intervenciones fueron el aumento de la tasa de los delitos sexuales, que desde 900 el año pasado aumentó a más de mil en lo que va de 2023. Además, alcaldes de comunas rurales de la región pidieron que se les considere con mayor fuerza en la implementación de medidas de seguridad y que estas últimas no se concentren solo en Arica.
El gobernador regional (s), Leonel Huerta, advirtió que vamos a tener, quizás en algún momento, una ola de migrantes nuevamente en la región y eso va a significar que van a buscar espacios.
La autoridad indicó que uno de los nuevos lugares de asentamiento de ese flujo sería el borde costero, en particular la zona donde estaba el ex Hotel Saint Gregory, actualmente abandonado.