El Juzgado de Garantía de Iquique desestimó la prisión preventiva para los nuevos formalizados en el Caso Cajas de Alimentos y decretó arraigo nacional para la actual consejera regional, Daniela Solari (RN); su primo Rodrigo Vega; la ex jefa de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional, María Luisa Lemus (en calidad de cómplice de los ilicitos); además de Gabriel Díaz y Marcelo Valenzuela, quienes fueron formalizados por los delitos de fraude al fisco y organismos del Estado.
En tanto, el dueño de lineal producciones Gunther Ziller quedó con la medida cautelar de firma mensual coimputado en la causa, tras ser formalizado por los mismos delitos. Según explicó Juan Carlos Manríquez, abogado del empresario, el tribunal resolvió “que la situación del señor Ziller no era comparable con ninguna otra, era completamente distinta”.
“Expuestos todos los antecedentes, evidentemente se diluía toda intervención en un eventual fraude al fisco, lo cual nos deja bastante tranquilos, desde el punto de vista que además señaló que se habían incorporado todos los antecedentes técnicos por los cuales se justificaba cómo se habían fijado los precios, se había cumplido el contrato por un número menor de cajas en zonas rurales y aisladas, como fue Huatacondo, Pica, Huara, Colchane, lo que nos deja bastante tranquilos”, complementó el defensor.
La audiencia se realizó esta mañana en el quinto piso del Juzgado de Garantía de Iquique y se extendió por más de 8 horas. En la instancia, el Ministerio Público pidió arraigo nacional para todos los imputados y sólo arresto domiciliario nocturno para la consejera Solari y la funcionaria Lemus.
Ante esta petición, el abogado querellante, Enzo Mórales, solicitó la prisión preventiva para todos los imputados en este caso, extendiendo la audiencia, mientras se escuchaban los argumentos de los defensores.
Sin embargo, la magistrada Tamara Muñoz Sáez acogió la medida cautelar solicitada por la fiscalía y rechazó la prisión preventiva solicitada por el querellante, por considerarla adecuada y proporcional a los fines del procedimiento. Además, fijó un plazo de investigación de 120 días. En tanto, la audiencia de revisión de medidas cautelares quedó fijada para el próximo jueves 7 de diciembre.
En la audiencia, el Ministerio Público reformalizó a los primeros imputados del caso, entre ellos Miguel Ángel Quezada (UDI), ex intendente regional; su exjefa de gabinete, Lilian Plaza; el otrora jefe de administración y finanzas de la Intendencia Regional, Jhonny Muñoz; además de los empresarios y coimputados Juan Carlos Ayala, Lorena Barrientos, Ximena Ciudad, Dimitri Díaz, Ricardo Percic y Jorge Venegas, por el delito de fraude al fisco. Los imputados se encuentran sometidos a medidas cautelares desde diciembre de 2022.
Abogado querellante recurrirá a la Corte de Apelaciones
Tras la formalización, el jurista explicó a Radio Paulina que este segundo grupo fue formalizado por el delito de fraude al fisco “a consecuencia de la adjudicación de la entrega de cajas de alimentos a través de la Asociación Cristiana de Jóvenes y también de la Asociación de Municipios Rurales el año 2020”.
Según Mórales “con estos hechos (los acusados) causaron un perjuicio fiscal para el Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá y la región de más de $500 millones por los sobreprecios de $10.000 por cada una de las cajas de alimentos que adjudicaron entregar”.
Además, el abogado anunció que próximamente apelará a la medida decretada por el tribunal ante la Corte de Apelaciones de Iquique “para que revoque la resolución y ordene la prisión preventiva por la gravedad de los hechos”.
“Fui el único querellante que solicitó la prisión preventiva para todos los imputados, lo que fue rechazado, y que próximamente vamos a apelar a la Corte de Apelaciones de Iquique para que revoque la resolución y ordene la prisión preventiva por la gravedad de los hechos por haber actuado concertadamente entre funcionarios públicos y particulares y por el perjuicio a la región de Tarapacá de más de $500 millones de sobreprecios en la entrega de cajas de alimentos durante una pandemia de hambre, desempleo y muerte”, agregó Mórales.
“Una maquinaria de defraudación“
Por su parte, el diputado por Tarapacá, Matías Ramírez (PC), manifestó que la audiencia de formalización “viene a dar cuenta de que los hechos denunciados hace ya más de dos años eran totalmente ciertos y que no se trataba de un montaje como en algún momento lo trató de ver gran parte de la UDI-RN a nivel regional y nacional”.
“Acá los antecedentes dan cuenta de cómo se orquestó una maquinaria de defraudación que permitió, en definitiva, comprar las cajas de alimentos con un notorio sobrepeso en la región de Tarapacá para beneficiar a empresas cercanas al exintendente Miguel Ángel Quezada y a la actual consejera regional, Daniela Solari”.
Respecto a la orden de arraigo nacional decretada por el tribunal, Ramírez enfatizó que “no se entiende ni se justifican las medidas cautelares decretadas, en este caso por el tribunal. Creemos que se fijaron las de menor intensidad y que aquello incluso puede poner en riesgo la misma investigación, considerando la cantidad de funcionarios regionales formalizados, pero particularmente incluso una consejera regional que cumple labores de fiscalización al interior de estamentos relacionados, en su momento, con su función como exjefe de planificación”.
“Esperamos que, más allá del plazo de investigación, esto se aborde de manera rápida y de cuenta de las responsabilidades penales, en este caso, pero además avance en la indagatoria respecto de la adquisición de cajas de alimentos en la provincia del Tamarugal, donde los antecedentes dan cuenta también de la existencia del mismo modus operandi”, agregó el parlamentario.
“Caso Cajas de Alimentos”
El caso “Cajas de Alimentos” estalló en junio de 2020, luego que un reportaje publicado por Radio Paulina revelara que dos productoras de eventos, giro no asociado a la tarea de distribución de cajas, más una chef habían conseguido la millonaria licitación en el marco de la ejecución del programa “Alimentos para Chile”.
La investigación periodística fue llevada a cabo por este medio, debido a las irregularidades en la adquisición de cajas de alimentos por parte de la Intendencia liderada por Miguel Ángel Quezada.
La Contraloría detectó irregularidades en la implementación de la medida en distintas regiones. Una de ellas fue Tarapacá, en la que se detectó un cuantioso sobreprecio de 232 millones de pesos en el primer proceso de entrega de cajas y de más de 282 millones en el segundo proceso.
En este contexto, en octubre de 2022, el exdiputado y exconvencional, Hugo Gutiérrez, interpuso una ampliación de la querella inicial en el Juzgado de Garantía de Iquique, imputando a más personas por los delitos de negociación incompatible, sobornos entre particulares, fraude a organismos del Estado, lavado de activos, omisión de denuncias y asociación ilícita. Es producto de esta ampliación que ahora se formalizó a seis nuevas personas.