La entidad Amnistía Internacional (AI) aseguró este jueves que la nueva propuesta constitucional que se plebiscitará en Chile en diciembre “contiene muchas amenazas para el ejercicio de los derechos humanos” y deja a la ciudadanía “aún más desprotegida”.
El director ejecutivo de AI en Chile, Rodrigo Bustos, afirmó que el texto “no garantiza que vayan a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de las personas, tampoco asegura igualdad y está lejos de poner fin a los abusos que tanto daño hacen a la sociedad”.
“Por el contrario, la desprotección que generaría es realmente alarmante”, aseguró.
Son más de 15 millones de chilenos los que se pronunciarán el 17 de diciembre sobre la propuesta de nueva Constitución elaborada por un órgano dominado por la derecha conservadora y la derecha tradicional.
Desde la derecha defienden que el documento es mejor que la Carta Magna actual, porque toma en cuenta las preocupaciones ciudadanas actuales tales como seguridad y migración, y asegura que su aprobación pondrá fin a los cuatro años de incertidumbre institucional que provocó el estallido social de 2019.
La izquierda oficialista, en cambio, califica la propuesta de “dogmática” y “partidista” y denuncia que perpetúa el modelo neoliberal que instaló el régimen y supone retrocesos en derechos sociales.
A.I. alertó principalmente sobre normas contenidas en la nueva propuesta constitucional relacionadas con la salud, las pensiones, los derechos laborales, los derechos sexuales y reproductivos y el acceso al agua, entre otros.
Para la organización, es “muy riesgoso” que el texto incorpore la libertad de elección entre entidades de salud públicas y privadas, pero que no incluya “una norma tajante que impida a estas últimas discriminar tal como lo han hecho hasta ahora”.
Sobre la seguridad social, Amnistia Internacional denunció que el documento “constitucionaliza” el sistema privado de capitalización individual, un modelo que -en su opinión- es “ineficiente y discriminador”.
Cabe precisar que si esta nueva propuesta constitucional finalmente se rechaza, seguirá vigente la actual Constitución porque el Gobierno del presidente Gabriel Boric ya adelantó que no impulsará un tercer intento.