La seguridad ciudadana ha sido, es y seguirá siendo una prioridad para el Gobierno del presidente Gabriel Boric. Hemos avanzado de manera significativa, con planes y políticas responsables que abordan de manera persistente y consistente cada problemática o brecha en particular.
Estas estrategias no sólo buscan poner recursos públicos detrás de objetivos comunes, sino también mejorar la gestión y la coordinación entre las instituciones, otorgando para ello nuevas herramientas a través de una agenda legislativa robusta y con un profundo sentido de urgencia.
Como lo demuestra el último reporte del Plan Calles sin Violencia, desde abril cuando comenzó a aplicarse el plan en la región, los homicidios disminuyeron un 54% -de 31 en 2022 a 14 en 2023-. Este logro no es casualidad; es el resultado de las decisiones estratégicas que hemos tomado como Gobierno y de todo el trabajo conjunto que hemos desarrollado con las policías, el Ministerio Público, los gobiernos regionales, los municipios, las fuerzas armadas y otras instituciones del Estado para prevenir, controlar y perseguir el delito.
Un buen ejemplo es la Política Nacional Contra el Crimen Organizado. La presencia y expansión de estas organizaciones son un desafío cuyo abordaje exige un Estado proactivo y mejor preparado para su control. Por ello, en nuestra región los recursos han sido asignados especialmente a compras y adquisiciones para enfrentar al crimen organizado y fortalecer las capacidades de Carabineros, la PDI, el Servicio Nacional Aduanas y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Estos recursos han permitido incorporar tecnología que la región no tenía y modernizar aquella que estaba obsoleta, considerando portales escáner para revisión no intrusiva, espectómetros de masa portátil, vehículos policiales, servidores y sistemas forenses de extracción y análisis de datos, cámaras, máquinas de rayos X y otros sistemas de seguridad y protección para diversas investigaciones e intervenciones.
Además, las propuestas legislativas surgidas desde los diferentes Consejos Regionales contra el Crimen Organizado y de Seguridad Pública nos permiten hoy contar herramientas que antes no teníamos para todos estos delitos, como los agentes encubiertos, la interceptación de comunicaciones, las grabaciones en lugares privados sin autorización de las personas, la interceptación de equipos digitales y la delación compensada, entre otras.
Todas estas nuevas capacidades se suman al aumento y focalización de los patrullajes y fiscalizaciones, donde también hay avances significativos. De acuerdo a las cifras entregadas por Carabineros en la última sesión del Sistema Táctico de Operación Policial, STOP, el robo con violencia registra una caída de -20%, el robo con sorpresa de -22% y el robo violento de vehículos de -45%, lo cual refleja el impacto que ha tenido el trabajo conjunto de las policías, las comunidades y las instituciones del Estado para poder entregar más seguridad.
La seguridad ciudadana es una urgencia permanente para la ciudadanía y, por tanto, un compromiso constante y prioritario para nuestro gobierno. Los datos recientes muestran que vamos por el camino correcto, por lo cual debemos intensificar el trabajo aumentando los patrullajes focalizados; fortaleciendo el trabajo con los municipios, los gobiernos regionales y las demás instituciones; y, por cierto, articulando todas las capacidades del Estado para poder entregar más seguridad para todos y todas.