Este jueves el Juzgado de Garantía de Iquique acogió la solicitud de las defensas y revocó la cautelar de arresto domiciliario parcial nocturno y concedió el arraigo nacional para el exintendente Miguel Ángel Quezada (UDI), imputado como autor del delito consumado de fraude al fisco en el caso Cajas de Alimentos.
La medida también fue modificada para la exjefa de gabinete de la Intendencia, Lilian Plaza, y el otrora jefe de administración y finanzas de la Intendencia Regional, Jhonny Muñoz, imputados por el Ministerio Público como autores del delito consumado de fraude al fisco. Ilícito que habrían perpetrado en 2020, en el marco de la ejecución del programa “Alimentos para Chile”.
En la audiencia de revisión de medidas cautelares de esta jornada, la magistrada Tamara Muñoz Sáez consideró que los imputados estuvieron sometidos al arresto domiciliario desde diciembre del año pasado y que en la audiencia de reformalización de la investigación, realizada el martes 21 de noviembre recién pasado, un tercer funcionario público imputado, quedó con prohibición salir del país.
“Respecto de la necesidad de cautela debo tener en consideración lo resuelto en la audiencia pasada (…), la audiencia de reformalización de noviembre pasado, y no puedo dejar de analizar que esa resolución (el dictar la medida cautelar de arraigo nacional) solamente fue recurrida por el querellante particular. El Ministerio Público no dedujo ningún tipo de apelación y también había un funcionario público involucrado y respecto de ese funcionario público yo no decreté arresto domiciliario nocturno”, razonó la magistrada Muñoz Sáez.
“Que teniendo eso en cuenta y que esa persona ha sido formalizada por el mismo tipo de delito, fraude al fisco, participación de autor, misma participación que se imputa acá, por lo tanto teniendo eso en consideración, la extensión de la causa porque aquí el transcurso del tiempo debe ser ponderado en los límites que establece el Código Procesal Penal, una causa que lleva mucho tiempo y una investigación que lleva prácticamente un año y con arresto domiciliario nocturno por casi el mismo período. Teniendo eso en consideración y siendo consecuente con mi resolución de noviembre pasado, las personas que están con arresto domiciliario nocturno que corresponden a Jhonny César Muñoz Cancino, Lilian Plaza Bravo y Miguel Quezada Torres se deja sin efecto el arresto domiciliario nocturno y quedan con arraigo”, ordenó la jueza.
En la audiencia también se revisó la solicitud de los imputados particulares Dimitri Díaz y Ricardo Percic de modificar la cautelar de arraigo nacional, lo que no fue acogida por la magistrada, porque “la medida no ha sido por peligro de fuga, sino que por peligro para la seguridad de la sociedad, lo que fue confirmado por la Corte de Apelaciones, y tratándose de una cautelar de baja intensidad, el tribunal la va a mantener”, resolvió.
Los imputados forman parte del primer grupo de formalizados por el Caso Cajas de Alimentos y se encuentran sometidos a medidas cautelares desde diciembre de 2022. El pasado 21 de noviembre fueron reformalizados en el quinto piso del Juzgado de Garantía de Iquique en una audiencia que se extendió por más de 8 horas.
Respecto a la decisión del juzgado de revocar el arresto domiciliario, el abogado querellante, Enzo Morales, se opuso a lo solicitado por las defensas “en razón de la gravedad de la pena que arriesgan, en caso de ser condenados por el delito de fraude al fisco”.
“El tribunal mantuvo el arraigo nacional, es decir, la prohibición de salir del país para todos los imputados formalizados en el caso Cajas de Alimentos. Como único querellante particular nos opusimos a la modificación de las medidas cautelares. Aún así, el tribunal mantuvo el arraigo nacional como única medida y esperamos que se mantengan en ese sentido”, indicó el jurista.
Por su parte, el diputado por Tarapacá, Matías Ramírez (PC), manifestó su preocupación por el “criterio establecido por el Juzgado de Garantía de Iquique en el cambio de medidas cautelares respecto de Miguel Ángel Quezada y otros imputados en el denominado caso Cajas de Alimentos”.
“Creemos que la gravedad de los hechos, los montos, la cantidad de afectados, da cuenta de un ilícito gravísimo donde gran parte de la Intendencia Regional en su momento cometió actos de corrupción en plena pandemia aprovechándose en este caso de las necesidades de los vecinos y vecinas de nuestra región”, expresó el parlamentario.
Ramírez planteó que esto debe dar pie “a una reflexión respecto al actuar del Ministerio Público respecto a la agilidad en estos casos, no solamente respecto de Cajas de Alimentos sino que también por ejemplo en el Caso Luminarias que lleva más de tres años todavía sin decisión y determinación y evidentemente aparece el fantasma de la impunidad una vez más en estos casos de corrupción”.
“Yo espero que efectivamente más allá del criterio establecido por el Juzgado de Garantía se avance rápidamente la investigación y permita efectivamente dar con los responsables de esta defraudación”, comentó el congresista.
“Caso Cajas de Alimentos”
El caso “Cajas de Alimentos” estalló en junio de 2020, luego que un reportaje publicado por Radio Paulina revelara que dos productoras de eventos, giro no asociado a la tarea de distribución de cajas, más una chef habían conseguido la millonaria licitación.
La investigación periodística fue llevada a cabo por este medio, debido a las irregularidades en la adquisición de cajas de alimentos por parte de la Intendencia liderada por Miguel Ángel Quezada en el año 2020.
La Contraloría detectó irregularidades en la implementación de la medida en distintas regiones. Una de ellas fue Tarapacá, en la que se detectó un cuantioso sobreprecio de 232 millones de pesos en el primer proceso de entrega de cajas y de más de 282 millones en el segundo proceso.
En este contexto, en octubre de 2022, el exdiputado y exconvencional, Hugo Gutiérrez, interpuso una ampliación de la querella inicial en el Juzgado de Garantía de Iquique, imputando a más personas por los delitos de negociación incompatible, sobornos entre particulares, fraude a organismos del Estado, lavado de activos, omisión de denuncias y asociación ilícita.