La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados recabó antecedentes sobre el informe de la Contraloría General de la República (CGR), de 2023, que da cuenta de serias deficiencias en el control de migraciones.
En este sentido, abordaron los casos de extranjeros expulsados del país con prohibición de reingreso y que, no obstante, han vuelto al territorio nacional a través de pasos habilitados, entre otros puntos.
El director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, hizo un repaso de los temas planteados. En materia de debilidad del control de migraciones expresó que hay un protocolo de interoperabilidad que, por distintas razones, se fue dilatando.
La autoridad explicó que este ya fue suscrito con fecha 19 de abril por el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI, la Subsecretaría de Interior y el Ministerio de Justicia. Actualmente se encuentra en trámite de firma por parte de otros servicios.
En relación a la falta de integridad en la base de datos, comentó que había una planilla con 83 casos de expulsión del territorio nacional pero sin número de identificación. Es decir, se expulsó, pero “faltaba algún dato en la tabulación del expulsado”, lo que posteriormente fue corregido.
El jefe de la PDI señaló que están trabajando con el Servicio Nacional de Migraciones en actualizar el software y con Gendarmería en la articulación de determinadas acciones y comunicaciones para obtener datos precisos.
Cerna recalcó que “no es tal que hayan ingresado extranjeros con impedimentos para ello en Chile, y que es lo que más ha salido en la prensa, con alto foco de atención. Sí es un tema de software que tenemos que ver y ocuparnos”.
Por su parte, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, sostuvo que hay un enlace cotidiano con la PDI. Así, junto a la institución policial coordinan los procedimientos de expulsión y también discuten temas de cambios normativos.
Además, dijo que el trabajo conjunto es cotidiano, permanente y está en proceso de mejoras, por lo que están trabajando “sobre la base de pasar de un formato más rudimentario, a través de planillas y documentos, a un sistema de interoperabilidad”.
Según Thayer, el objetivo es “tener un mejor flujo, mayor eficiencia en el proceso administrativo para materializar las expulsiones, desde que ingresa la persona hasta que sale del país”.
