El Juzgado de Garantía de Iquique rechazó modificar la medida cautelar de arraigo nacional del exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI), y otros cinco imputados por fraude al Fisco en el marco del caso Cajas de Alimentos.
En la audiencia realizada esta mañana, el abogado César Machiavello, defensa de Quezada, pidió que la medida de arraigo sea dejada sin efecto y se reemplace por la de firma mensual. Esto en consideración de que a otros imputados en el caso se les ha rebajado las cautelares por cauciones de bajo valor monetario, teniendo en cuenta la millonaria causa.
“Hoy existen formalizados que solo tienen firma mensual, se ha solicitado la salida del país de al menos 3 imputados por una caución económica”, agregó el abogado del exintendente.
El defensor privado dijo que, en abril de 2023, el imputado realizó una solicitud de salida del país, pero la petición fue denegada por el tribunal. En dicha ocasión, Quezada tenía pensado asistir a España para presentar asesorías a empresas en temas medioambientales.
En este sentido, el abogado argumentó que su representado “se ha visto impedido” de realizar negocios con otras empresas y asesorías por la medida cautelar que pesa sobre el imputado.
Frente a esta petición, la Fiscalía y el abogado querellante del Consejo de Defensa del Estado (CDE) se opusieron, indicando que sería “perjudicial” para la investigación, pues el exintendente era el único funcionario público al momento de los hechos.
También agregaron que los antecedentes de negocios que expuso la defensa del imputado no son conocidos por los querellantes y que las circunstancias y los hechos no han variado en esta investigación.
Con estos antecedentes, el tribunal rechazó modificar el arraigo nacional del exintendente, argumentando que no se han presentados los “motivos exactos” de hechos que puedan perjudicar al imputado si se mantiene la medida cautelar.
En el caso de los imputados Dimitri Díaz, Ricardo Percic, Juan Carlos Ayala, Ximena Ciudad Varela y Marcelo Valenzuela, el tribunal manifestó que “no se han presentado antecedentes con documentación” que respalden la solicitudes como documentos de ampliación de rubros, invitación a ferias internacionales por negocios, prueba documental y prueba escrita.
El abogado querellante, Enzo Mórales, valoró la decisión del tribunal y explicó que se rechazó modificar la medida cautelar de arraigo nacional respecto de todos los imputados, es decir, se mantiene la prohibición de salir del país respecto de exintendente de la UDI y de los otros cinco imputados.
Para mantener las cautelares, el tribunal estableció “que no hay ningún elemento nuevo que permita acoger la solicitud” de los imputados y agregaron que en esta causa “las medidas cautelares son bajas” y sólo hubo alzamiento de algunos imputados por “causas concretas” con el pago de una fianza.
Según el tribunal, los argumentos expuestos por los imputados “no son suficientes para el levantamiento del arraigo nacional” y “no se ha acreditado o manifestado la épocas y periodos de las salidas del país”.
Asimismo, el tribunal estableció que “existe el peligro de fuga” porque se ve la intención de los imputados para salir del país por temas de negocios o visitas a familiares y también considerando que se acerca la etapa de finalización del caso.
“Caso Cajas de Alimentos”
El caso “Cajas de Alimentos” estalló en junio de 2020, luego que un reportaje publicado por Radio Paulina revelara que dos productoras de eventos, giro no asociado a la tarea de distribución de cajas, más una chef habían conseguido la millonaria licitación.
La investigación periodística fue llevada a cabo por este medio, debido a las irregularidades en la adquisición de cajas de alimentos por parte de la Intendencia liderada por Miguel Ángel Quezada en el año 2020.
La Contraloría detectó irregularidades en la implementación de la medida en distintas regiones. Una de ellas fue Tarapacá, en la que se detectó un cuantioso sobreprecio de 232 millones de pesos en el primer proceso de entrega de cajas y de más de 282 millones en el segundo proceso.
Recordemos que el caso ha tenido dos procesos de formalización, el primero con la lista política que involucró al exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI); su exjefa de Gabinete, Lilian Plaza Bravo; el otrora jefe de administración y finanzas de la Intendencia Regional, Jhonny Muñoz; Ximena Ciudad, Juan Ayala, Lorena Barrientos y Luis Cepeda, entre los primeros imputados del caso.
En este primer grupo no ha sido formalizada la Senadora Luz Ebensperger, una de las peticiones de la acusación del exdiputado y exconvencional por Tarapacá, Hugo Gutiérrez, quien interpuso una ampliación de querella imputando a más personas en el caso.
Con esta ampliación que interpuso Gutiérrez se incorporaron funcionarios involucrados en la segunda entrega de cajas, proceso que fue financiado por el Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá.
Se logró acusar a seis nuevas personas durante noviembre del 2023. Se trata de la exjefa de División Social y Humano de la Intendencia y actual funcionaria de la Delegación Presidencial de Tarapacá, María Lemus Espinoza; los imputados Gabriel Díaz Duran, Marcelo Valenzuela Contreras, Gunther Ziller Arjona; la actual consejera regional Daniela Solari y su familiar directo Rodrigo Vega Laferte, quienes fueron formalizados por los delitos de fraude al Fisco y organismos del Estado.
