La Comisión Especial Investigadora sobre entrega de fondos públicos a entidades privadas por parte de ciertos Ministerios recibió la exposición del director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos.
La instancia está abocada a fiscalizar los actos de Gobierno, especialmente de los ministerios de Hacienda, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; de Desarrollo Social y de las secretarías regionales ministeriales, en el marco de la entrega de fondos públicos a entidades privadas como ONG, fundaciones y corporaciones.
Las y los parlamentarios de la comisión investigadora recibieron los antecedentes del estado actual de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público. Al respecto, Campos dio cuenta del origen del “Caso convenios” y de la etapa en que se encuentra la indagatoria.
En específico, el abogado explicó que el ente persecutor analiza los traspasos realizados por el Ministerio de Vivienda a diversas fundaciones, los cuales bordean los 12 mil millones de pesos.
En el caso de Tarapacá, el director de la Unidad Anticorrupción detalló que en la región se realizaron transferencias por $2.496 millones a dos fundaciones.
Según las cifras, Tarapacá tiene el segundo mayor monto a nivel nacional en traspasos, dejando atrás a la región Metropolitana y Valparaíso, y siendo sólo superada por la región de Antofagasta que registra $3.173 millones por transferencias a 6 fundaciones o corporaciones.
Traspasos de gobiernos regionales
El director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público indicó que “lo que comenzó respecto a transferencias que venían del ministerio o del Minvu, el día de hoy tenemos muchas más transferencias de los gobierno regionales o gores que de los Minvu”.
El fiscal dijo que también se realizó la revisión de los fondos entregados por los gobiernos regionales a 67 fundaciones o corporaciones en 12 regiones del país, que suman más de $77 mil millones.
Al ser consultado por las transferencias de los gores de Tarapacá, Coquimbo y O’Higgins, el persecutor aclaró que en el listado que maneja el Ministerio Público sobre los traspasos a fundaciones, sí aparecen estas regiones.
Campos recalcó que dichos traspasos no necesariamente son constitutivos de delitos y precisó que estas cifras corresponden al total de transferencias que se realizaron en el periodo objeto de la investigación.
El fiscal sostuvo que en esta investigación se analizan una serie de posibles delitos, entre ellos, fraude al fisco o administración desleal, entre otros. También, dijo que en cada una de las regiones del país hay casos que son analizados y montos investigados.
Campos destacó que, a priori, existen patrones comunes en estas organizaciones y afirmó que “son fundaciones de creación novata, con poca experiencia y giro comercial sin relación con lo convenido”.
