En un decreto emitido por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) del gobierno de Javier Milei se utilizaron términos discriminatorios como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para referirse a personas con discapacidades intelectuales.
El documento, que establece los lineamientos para el otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez laboral, ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos y de personas con discapacidad.
El anexo I de la “Normativa para la evaluación médica de invalidez” clasifica a las personas según su coeficiente intelectual utilizando categorías como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”.
Según el decreto, el objetivo de la normativa es evitar fraudes en el otorgamiento de beneficios estatales, estableciendo criterios médicos rigurosos para determinar la incapacidad laboral total y permanente. Sin embargo, el lenguaje utilizado ha sido señalado como una violación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina ratificó en 2008.
Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) han presentado reclamos formales al gobierno, exigiendo la derogación de la normativa.
El decreto también ha sido cuestionado por establecer barreras adicionales para acceder a los beneficios, ya que exige una amplia documentación médica y evalúa condiciones específicas como trastornos psiquiátricos y discapacidades intelectuales bajo criterios considerados restrictivos y desactualizados.
En medio de la polémica, la Agencia Nacional de la Discapacidad por medio de un comunicado manifestó que se ha tratado de un “error”. Además, el organismo estatal competente informó que modificará la resolución “siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales”.
