La Sala del Senado aprobó durante el miércoles la solicitud del presidente de la República para prorrogar por 90 días más el decreto que permite a las Fuerzas Armadas resguardar las áreas de zonas fronterizas en las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
La prórroga fue aprobada por 29 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La parlamentaria de Tarapacá, Luz Ebensperger (UDI), votó a favor de la medida, mientras que el senador Jorge Soria (PPD) no asistió a la sesión.
Ahora, la medida será revisada en la Sala de la Cámara de Diputados en una sesión programada para el próximo lunes 12 de mayo a partir de las 17:00 horas. Una vez aprobada en la Cámara Baja se ratificará la continuidad del decreto por otros tres meses.
Discusión en Sala
En la sesión de la jornada del miércoles, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que desde febrero de 2023, se han desplegado los militares en la macro zona norte, controlando a más de 397 mil personas y realizando más de 27 mil patrullajes.
La autoridad destacó que se han invertido más de 447 mil millones de pesos en planes contra el crimen organizado y en infraestructura para el Servicio Nacional de Aduanas. Además, se aprobó un aumento de 125 oficiales y 500 suboficiales en las policías.
El secretario de Estado indicó que se han firmado acuerdos con Bolivia que permiten la reconducción de migrantes que ingresen de manera irregular desde abril pasado, ya que antes, solo era posible realizar esta acción con Perú. Según Elizalde, este acuerdo facilita que las personas sorprendidas cruzando la frontera sean devueltas a su país de origen.
Asimismo, dijo que entre 2023 y 2024, las denuncias de extranjeros por ingresos no habilitados en la frontera norte disminuyeron un 33,8%, pasando de 44.000 a 29.000.
El ministro concluyó que las medidas adoptadas, especialmente el despliegue de militares en la Zona Norte, han tenido “un impacto positivo en la reducción de ingresos irregulares”. Sin embargo, reconoció la necesidad de seguir trabajando para alcanzar el objetivo de minimizar estos ingresos.
Por su parte, la senadora Luz Ebensperger criticó al Gobierno por fomentar la inmigración y ofrecer regularización a un gran número de personas sin consecuencias. Según la parlamentaria, actualmente no hay desincentivos para evitar el ingreso de migrantes.
A su vez, la legisladora cuestionó el convenio con Bolivia, señalando que no ha podido acceder a la totalidad del mismo y sólo ha visto algunas publicaciones sobre el documento.
Por último, la congresista indicó que la integración de extranjeros a la sociedad se complica si el Gobierno envía un mensaje de impunidad hacia quienes violan la ley.
En este sentido, Ebensperger recordó el crimen de Maximiliana Amaro Mamani, una adulta mayor aymara que fue asesinada en la comuna de Colchane en abril pasado tras denunciar amenazas y robos.
“Maximiliana Amaro Mamani, mamá de la localidad de Quebe, ella tenía 85 años, era la guardiana de los saberes del pueblo aymara, quien además había denunciado (…) hace dos años atrás, había ya denunciado que la habían amenazado con revólver, luego denunció robos y finalmente hace un par de semanas la asesinaron brutalmente”, agregó.
Resguardo fronterizo en la Macrozona Norte
Recordemos que esta es la séptima renovación que se realiza del decreto supremo de infraestructura crítica en la Macrozona Norte, siendo aprobada inicialmente por la corporación en enero de 2023 y publicada de manera oficial el 24 de febrero del año pasado.
En concreto, el decreto permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Norte, medida que puede ser renovada por un plazo también de 90 días con el acuerdo del Congreso, mientras siga existiendo el peligro “grave o inminente” que dio lugar a su dictación.
El texto del proyecto señala que “se ha buscado disponer de todos los mecanismos necesarios para mejorar la vigilancia de las fronteras, de forma de asegurar un adecuado control migratorio en Chile que permita, por un lado, controlar los niveles de migración y el cumplimiento de los requisitos exigidos para ella y, por otro, asegurar la protección necesaria de la vida, la integridad física y la seguridad de quienes ingresen a nuestro país y de los habitantes de estas áreas”.
A su vez, el decreto entrega atribuciones a las Fuerzas Armadas para “contribuir en el control migratorio y en la detección de crímenes, simples delitos y faltas en determinadas zonas de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta”.
