Desde noviembre de 2022, los juzgados de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte han decretado pagos mediante los procedimientos establecidos por la Ley 21.484. Actualmente, la jurisdicción registra 7.042 inscripciones activas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
Los tribunales con competencia en Familia de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Iquique han ordenado el pago de $121.620 millones por deudas de pensiones de alimentos durante los últimos cuatro años, desde la entrada en vigencia del Registro Nacional de Deudores.
De acuerdo con el balance del Poder Judicial, entre el 14 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026, los juzgados de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte han utilizado dos mecanismos legales para ordenar el pago de estas obligaciones.
El primero corresponde al Procedimiento Especial, que permite retener fondos desde cuentas bancarias e instrumentos financieros. Mediante este mecanismo se han ordenado pagos por $3.084 millones, beneficiando a 8.232 representantes legales.
En tanto, a través del Procedimiento Extraordinario, que permite recurrir a fondos previsionales de las AFP bajo determinadas condiciones, se han decretado pagos por $118.536 millones, alcanzando a 6.311 representantes legales.
Más de 7 mil registros activos de deudores
El informe también revela que, al 17 de noviembre de 2026, los tribunales de la jurisdicción mantienen 7.042 envíos activos al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
De ese total, 4.323 corresponden al Juzgado de Familia de Iquique, 2.238 al tribunal de Alto Hospicio y 481 al de Pozo Almonte.
El ministro encargado de asuntos de Familia de la Corte de Iquique, Pedro Güiza, destacó la efectividad de la legislación para facilitar el cumplimiento de las obligaciones alimenticias.
Según explicó, la normativa permite investigar, retener y pagar deudas utilizando recursos financieros del alimentante y, cuando se cumplen los requisitos legales, recurrir a sus fondos de capitalización individual.
El magistrado sostuvo que estas herramientas contribuyen a resguardar los derechos de los beneficiarios, principalmente niños, niñas y adolescentes, bajo el principio del interés superior del niño.