El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Arica condenó este lunes 16 de junio a Paulo Orellana Espinoza a la pena de 10 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de robo con violencia. Ilícito perpetrado en febrero del año pasado.
En fallo dividido, el tribunal también aplicó a Orellana Espinoza las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; más del pago de las costas del juicio.
El tribunal dio por acreditado que el 11 de febrero de 2024 el imputado ingresó a un domicilio ubicado en calle Pedro Montt de la ciudad de Arica, inmueble en el cual se arriendan habitaciones. En ese contexto, la víctima se encontraba en su habitación y visualizó en el exterior del pasillo al acusado, quien ingresó al interior de su vivienda y sustrajo los teléfonos avaluados en $150.000.
Posteriormente, el condenado salió del dormitorio con las especies y la víctima gritó pidiendo auxilio y enfrentó al acusado para que le devolviera los teléfonos, produciéndose un forcejeo entre ambos, cayéndosele al acusado uno de los teléfonos sustraídos.
Luego, al bajar al primer piso, el sujeto es interceptado por la nuera de la propietaria del inmueble, quien logra retenerlo tomando su polera, para luego el acusado forcejear con la ella quien se encontraba con una bota de yeso en una de sus piernas, empujándola y botándola al suelo, saliendo del domicilio por la puerta de ingreso que se encontraba en mal estado y con al menos un teléfono en su poder.
Siendo las 13:00 horas, el acusado es visualizado nuevamente en el antejardín del inmueble, siendo retenido por vecinos del sector, logrando zafarse y antes de darse a la fuga el acusado amenazó de muerte a la nuera de la propietaria del inmueble, siendo detenido pasadas las 14:30 horas por funcionarios policiales en la intersección de calle Maipú con Baquedano”.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados. La decisión fue acordada con el voto en contra de la jueza Pizarro Grandón.
