El Senado aprobó en general el proyecto de ley que busca tipificar como delito el ingreso clandestino al territorio nacional, ya sea por pasos no habilitados o eludiendo el control migratorio.
La iniciativa avanzó así a su discusión en particular, tras una jornada marcada por el debate sobre su alcance legal y sus eventuales efectos.
Durante la sesión, también se abordó la calificación jurídica del proyecto, luego de que la Comisión de Gobierno propusiera tramitarlo como norma de Ley Orgánica Constitucional.
Sin embargo, tras una reunión de comités, se acordó que la presidenta del Senado y la Secretaría definan el quórum, el que —según indicó la senadora Paulina Núñez— correspondería a ley simple, tal como fue despachado desde la Cámara de Diputados.
En ese contexto, la senadora Yasna Provoste anunció reserva de constitucionalidad, señalando que algunos artículos deberían votarse como norma orgánica, tal como lo advirtió la Corte Suprema.
El proyecto generó posiciones divididas en la Cámara Alta. La senadora Beatriz Sánchez advirtió que la iniciativa podría aumentar la clandestinidad, sobrecargar el sistema penal y generar problemas en materia de derechos humanos.
Asimismo, sostuvo que diversos organismos han cuestionado su efectividad para disuadir la migración irregular.
En contraste, el senador Matías Walker defendió la necesidad de discutir y perfeccionar el proyecto, señalando que busca un efecto disuasivo y que no contempla penas privativas de libertad en todos los casos.
También advirtió sobre el riesgo de judicializar las expulsiones, destacando la importancia de mantener la vía administrativa.
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, valoró la aprobación en general, calificando la iniciativa como una herramienta clave para enfrentar la migración irregular.
El secretario de Estado señaló que el proyecto será perfeccionado en la comisión, con el objetivo de asegurar que las normas sean preventivas y no ralenticen los procesos de expulsión.
La propuesta establece sanciones para quienes ingresen clandestinamente al país, que van desde multas de cinco a diez UTM hasta penas de presidio menor.
En casos más graves —como el uso de documentos falsos o cuando exista prohibición de ingreso— las penas podrían aumentar a presidio menor en grados medio a máximo.
Además, contempla la expulsión del extranjero una vez cumplida la sanción, excluyendo de esta medida a niños, niñas y adolescentes, así como a sus cuidadores.
El proyecto continuará ahora su tramitación en particular, donde se anticipa un intenso debate político y jurídico.
