La decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de aplicar el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a plataformas internacionales de apuestas online que operan en Chile abrió un nuevo debate respecto del tratamiento tributario de estas empresas y su situación legal en el país.
La medida busca aumentar la recaudación fiscal gravando las operaciones de este tipo de plataformas, pese a que actualmente su funcionamiento sigue siendo objeto de controversia jurídica y regulatoria.
Tras una presentación realizada por parlamentarios de oposición, la Contraloría General de la República solicitó al SII explicar los fundamentos de la medida. A través de un oficio, el organismo fiscalizador otorgó un plazo de diez días para que el servicio detalle las atribuciones normativas utilizadas para aplicar este cobro.
En particular, la Contraloría busca conocer los fundamentos jurídicos empleados para calificar la actividad desarrollada por estas plataformas y justificar la aplicación del impuesto.
Las críticas también surgieron desde el Ministerio Público. El fiscal nacional, Ángel Valencia, afirmó que el hecho de que una empresa pague impuestos en Chile no modifica la condición jurídica de la actividad que desarrolla.
Según señaló, el cobro de tributos “no transforma en lícita la actividad”, marcando distancia respecto de cualquier interpretación que pudiera entender el pago de IVA como una forma de validación de estas operaciones.
Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la actuación del Servicio de Impuestos Internos.
El secretario de Estado sostuvo que la función del organismo es velar por el cumplimiento tributario y recaudar los impuestos que correspondan, independientemente de las discusiones legales sobre la actividad económica involucrada.
La medida también generó reacciones en la industria del juego presencial. La presidenta ejecutiva de la Asociación de Casinos y Juegos, Cecilia Valdés, señaló que si bien corresponde al SII definir los criterios tributarios, la señal entregada por la autoridad es distinta a la que esperaba el sector respecto de las plataformas que operan sin una regulación específica en el país.
Mientras continúa la controversia, al Servicio de Impuestos Internos le restan siete días para responder el requerimiento formulado por la Contraloría General de la República.
